Desarrollo humano ¿sin libertad?

Los índices de desarrollo ­humano del PNUD no miden la pérdida de libertad política. Ello entraña un reduccionismo estadístico.



Por Patricio Moncayo * (O) 09 Agosto 2014

Para el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) el Ecuador ocupa el puesto 98 entre 187 países del mundo según los índices de tres variables: “la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita”. Ello se habría traducido en un mejoramiento de la “calidad de vida de la gente”. Sorprende que en este informe del PNUD, se haya hecho caso omiso de la situaicón de los derechos políticos.  

En opinión de uno de los más destacados expertos latinoamericanos en planificación, Carlos Matus, todo proyecto político implica “una propuesta de intercambio de problemas”;  esto significa que en determinados momentos la igualdad es más demandada que la libertad; en otros, lo es la libertad. Matus cita a Keynes diciendo: “Prefiero que tiranicen mi cuenta en el banco y no mi vida como ciudadano”
(Matus, 1997:91).

La definición del intercambio de problemas no es estática; “cambia la realidad, cambian los valores, cambian las teorías, cambian las ideologías y cambia el lugar que ocupan los individuos en el proceso de producción social”. De ahí que no cabe proponer un intercambio de problemas con independencia del contexto histórico, ni con sujeción a una sola ideología.

En el caso ecuatoriano, bien se podría formular la siguiente hipótesis: bajo el imperio de la “partidocracia” y de la “larga noche neoliberal”, la igualdad consistió en la principal reivindicación ciudadana; pero ahora, tras siete años de “revolución ciudadana”, de haberse mejorado los índices de desarrollo humano, pero a la vez  restringido los derechos políticos y ciudadanos, la libertad deviene en la reivindicación  mayor.

Esta, acaso, podría ser una de las explicaciones de los resultados del 23F.

Y es que no solo la sociedad política, esto es, el régimen de partidos, la división de funciones del Estado, la libertad de opinión, los márgenes del debate democrático, los derechos de las minorías, se ha visto amenazada en el presente Gobierno, sino la propia organización del Estado. La autonomía del Estado ha sido menoscabada.

Los criterios de diseño organizativo del aparato público no son arbitrarios; responden a cierta lógica de la administración estatal. Por ejemplo, la institucionalidad comprende un vasto juego macroorganizativo, en el que rigen relaciones de convivencia entre una gama de instituciones que son dirigidas por distintas cabezas y entre las cuales priman relaciones paralelas y no jerárquicas. Por ello, un presidente no puede dar ­órdenes a los alcaldes, prefectos, a los jefes de las demás funciones del Estado, a los diri­gentes de los partidos políticos, de los medios de comunicación privados o de los organismos sindicales y empresariales. En la macroorganización no existe un mando único. Y esto no solo por razones políticas sino técnicas.

En el Ecuador se está pretendiendo imponer dicho mando, invocando razones ideológicas y políticas. La idea de que las élites económicas en el capitalismo no podían gobernar directamente sin el concurso de las instituciones que con­forman el sistema estatal, le dotó a este de cierta autonomía respecto de los intereses de tales élites. Es lo que ahora se trata de evitar.

El Estado deja de ser un actor; su capacidad de reaccionar frente a los problemas y demandas de la sociedad a través de soluciones propuestas por la burocracia disminuye en tanto esta deviene en un apéndice de la cúpula gubernamental. De esta manera, el sistema estatal se ve absorbido por el poder detentado por un grupo de personas que juzga que la autonomía de la que tal sistema gozaba no era sino “una máscara para ocultar la dominación de la burguesía”. Sin la máscara solo queda la dominación.  

Hay, pues, un deterioro de la “calidad” de la democracia en el Ecuador no evaluada por el PNUD. Los índices de desarrollo humano que este organismo destaca no miden la pérdida de libertad política ni la escuálida autonomía del Estado. Ello entraña un reduccionismo estadístico que distorsiona la noción integral de desarrollo humano y anula la condición deliberativa de la política.      

*Sociólogo y profesor

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