El escándalo del oro en tiempos de la dictadura

En 1972 el Ecuador vendió una parte de su reserva de oro para pagar un préstamo al FMI. Abdón Calderón dijo que se había perjudicado al país y el escándalo terminó con la separación de Eduardo Larrea, entonces gerente del Banco Central.



mpallares@elcomercio.com   Por Martín Pallares. Editor 14 Junio 2014

Era mayo de 1972.  Desde febrero gobernaba la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara que había derrocado la dictadura civil de José María Velasco Ibarra. El gobierno, que se hacía llamar “nacionalista y revolucionario”, aún no recibía las gigantezcas inyecciones que meses más tarde le traería el llamado ‘boom’ petrolero y las arcas públicas estaban vacías.  

Por aquellos días el país debía cancelar una deuda al Fondo Monetario Internacional y el pago debía hacerse en dinero o en oro. Como el país sufría de una iliquidez angustiante, la Junta Monetaria de entonces resolvió hacer el abono con oro de las reservas del BCE. Nueve o 10 meses más tarde, cuando empezaron a fluir los petrodólares, el acucioso y fogoso político guayaquileño Abdón Calderón Muñoz se percataba, al ver el boletín del Banco Central, que las reservas de oro se habían reducido.

Calderón Muñoz hace la averiguación, se percata de que ese oro había sido vendido y lanza la denuncia. Según él, el oro se había negociado a precio de mercado cuando la tendencia  era al alza.  Escándalo.

La denuncia de Abdón Calderón prendió como fuego en pasto seco y el gobierno militar sintió el efecto de las acusaciones. A un gobierno que se jactaba ser nacionalista y anti imperialista, la acusación de vender el patrimonio nacional no le venía nada bien. Apresar a Calderón Muñoz y confinarlo en un cuartel ubicado en la Amazonía no fue la solución, pues la prensa y la gente seguían hablando del tema.

Cecilia Calderón de Castro, hija de Abdón Calderón, recuerda esos días entre los más duros de su vida. Su madre había muerto meses antes y el confinamiento de su padre en la Amazonía le obligó a ella, que apenas era estudiante universitaria, a hacerse cargo de sus hermanos.  
Ocho años más tarde, Calderón Muñoz fue asesinado a balazos en un crimen que luego se supo había sido ordenado por el Ministro de Gobierno del Triunvirato Militar que sucedió a Rodríguez Lara.

El 7 de noviembre de 1973 el escándalo sobre la venta del oro finalizó con la salida de la Gerencia del Banco Central del hombre que había firmado la orden para la venta del oro: Eduardo Larrea Stacey.   

En una nota publicada en EL COMERCIO el viernes 9 de noviembre de 1973, Larrea Stacey decía que  la Junta le aceptó la renuncia considerando que podía haber tomado otras medidas. Esa misma nota asegura que la decisión la tomó la Junta mientras Larrea estaba de viaje, pues días antes había estado en África en una reunión del FMI.

Casi 51 años más tarde, Gonzalo Ortiz Crespo, entonces pro secretario de la Junta Monetaria, sostiene que la decisión de la Junta Monetaria de aceptar la renuncia de Larrea se debió a que el Gobierno quería deshacerse de él por el daño que le estaba haciendo el escándalo, aún cuando se sabía que la decisión había sido correcta tomando en cuenta  que no había alternativa. Además que la decisión había sido aprobada por la propia Junta.

Escándalo
Escándalo
Calderón Muñoz (izq) hizo conocer la polémica transacción con el oro. Larrea Stacey (der) fue el funcionario que firmó el documento de la venta de oro.

Larrea Stacey había entregado la renuncia junto a un informe de la venta del oro y se retiró a una sala contigua a esperar la resolución de la Junta. “Él estaba seguro de que no le iban a aceptar la renuncia. Pero cuál fue mi sorpresa cuando la directiva de la Junta me dice vaya y dígale a Larrea que se puede ir a la casa”, recuerda Ortiz, para quien ese fue “uno de los momentos más duros de mi vida”.  Para Ortiz, el escándalo se amplificó, sobre todo, porque en el Ecuador, como en todo lado, existe “el mito del oro”.

Carlos Julio Emanuel, ex gerente del Banco Central, recordó  hace poco el episodio protagonizado por Larrea Stacey en una radio, a propósito de la entrega hecha por el gobierno de Rafael Correa de una parte de las reservas de oro como garantía para un préstamo de USD 400 millones de Goldman Sachs.  Según Emanuel, en aquellos años se llegó a comparar a la venta del oro con la “venta de la bandera” o con  los intentos  por vender o alquilar las islas Galápagos.  

Larrea fue sustituido en la Gerencia del Banco Central por Germánico Espinosa. Este episodio fue recogido en  ese entonces por la Embajada de los EE.UU. En uno de los cables filtrados a Wikileaks y que están en la página web de esa organización liderada por Julián Assange, los funcionarios de la Embajada le decían a Washington que lo de la venta del oro fue más bien la excusa perfecta del Gobierno para sacar a Larrea, quien era un hombre de una rectitud absoluta pero que defendía la independencia del Banco Central a capa y espada. Un funcionario que se iba a oponer a cualquier política inflacionaria basada en gasto público no era conveniente para el Gobierno, que empezó a recibir mucho dinero.

El economista Abelardo Pachano era en ese entonces presidente del Colegio de Economistas  y recuerda haber recibido el pedido de Larrea Stacey para que ese gremio hiciera un informe sobre la venta. “Vimos que, dada la situación, no había otra alternativa y que la operación fue  honesta”, sostiene Pachano, quien muchos años más tarde ofreció unas palabras en un homenaje post mórtem que se hizo a Larrea.
En 1979 el Congreso investigó y archivó la investigación de la venta del oro.

Quienes recuerdan el episodio coinciden en que el escándalo se amplificó, sin duda, por lo sensible que resulta para la sociedad ecuatoriana cualquier negociación con el oro. César Robalino, exministro de Finanzas, sostiene que se llegó a hablar de “traición a la patria”.

Casi 51 años después,  la entrega de parte de la reserva de oro, sobre la base de una reforma legal, para un préstamo ha generado una sensación parecida a la de 1972. La idea de que se está empeñando el patrimonio nacional parece repetirse y se refleja  en redes sociales. Hace pocos días, el penalista Ramiro García decía en Twitter que lo hecho por el gobierno de Rafael Correa es como “empeñar las joyas de la abuela en el Monte de Piedad”.

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