La Presidencia: de Carondelet al Epiclachima

El cambio de la sede del poder Ejecutivo producirá efectos, no son todos positivos. Habrá una pérdida del contenido simbólico que construye una ciudad.



Fernando Carrión (0) * 20 Septiembre 2014

El Gobierno ha decidido reorganizar la implantación espacial de sus ministerios y órganos administrativos más importantes en  la capital.  La justificación va en el sentido de concentrar los servicios públicos para mejorar la coordinación y la atención al público. Serán cinco plataformas gubernamentales, dos en el sur y tres en el norte. A ellas habrá que sumar la sede de Unasur en la Mitad del Mundo y el complejo legislativo en construcción.

Quito, que está constituida a partir de un hipercentro, pasará a configurarse desde un conjunto de centralidades dispuestas de norte a sur a lo largo de la ciudad, a la manera de un rosario; realidad que dista mucho de la propuesta del Metro que ha sido impulsada desde la Municipalidad. Las dos plataformas más significativas, el Complejo Presidencial en el Cuartel Epiclachima y el del Palacio Legislativo no  coinciden con las paradas del Metro.  

En otras palabras, una operación pública como la señalada producirá un cambio notable en la organización  y evidencia la falta de correspondencia entre las propuestas nacionales y las locales, lo cual hace pensar que la capital y su urbanismo se han convertido en un espacio adicional de la disputa política.

En ese contexto se ubica la plataforma gubernamental de la política que tiene como elemento estructurador a la Presidencia y a varias dependencias adjuntas. Se estima en no menos de 5 000 empleados que se trasladarían de lugar de trabajo.  El costo sería de alrededor de 220 millones de dólares.

¿Por qué la reubicación del complejo presidencial? Según los voceros oficiales, se trata de solventar tres problemas: el Palacio de Gobierno carece de la funcionalidad para desarrollar las actividades que allí se desarrollan; la infraestructura no se compadece con las normas de seguridad; y la estructura urbana no brinda buenas condiciones de accesibilidad.

La funcionalidad se puede subsanar, por ejemplo, con la utilización de edificaciones circundantes y una puesta al día en términos tecnológicos. La seguridad presidencial no ha estado puesta en duda en el país, a no ser por los golpes militares, que no se resuelven enclaustrándose en un edificio moderno. Y los problemas de accesibilidad no son patrimonio exclusivo del Centro Histórico, porque toda la ciudad tiene problemas de movilidad.

Históricamente, el Centro Histórico fue el espacio privilegiado donde albergaban todos los ministerios y las oficinas de gobierno; así como también la función Legislativa. Esta evidencia, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo, al extremo de que en la actualidad solo la Presidencia, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior están en este espacio.

En 1941 se aprueba el Plan Jones Odriozola con una propuesta para la ciudad basada en un conjunto de centralidades, propia del urbanismo de aquella época: una centralidad religiosa donde hoy es el Centro Histórico, una centralidad cívica compuesta por los lugares donde hoy está el Palacio Legislativo y en la Eloy Alfaro donde está el Ministerio de Agricultura, una centralidad deportiva alrededor del coliseo Rumiñahui, entre otros.

Con la salida de la Presidencia se habrá consumado el fin de la presencia de los órganos máximos de la representación de la democracia en este espacio considerado Patrimonio de la Humanidad desde hace 36 años; lo cual producirá un vaciamiento de las funciones centrales del Gobierno Nacional y un efecto dominó sobre otras actividades privadas. Si salen 5 000 empleados de esta zona ¿qué va a pasar con los restaurantes donde comían? Es decir, el patrimonio intangible se vería afectado.

Pero también existiría una pérdida del contenido simbólico que construye una ciudad: el Palacio de Carondelet dejará de ser el depositario principal del imaginario histórico de la Presidencia. ¿Cómo pasará a llamarse, por ejemplo? La Plaza Grande se achicará porque pasará a ser exclusivamente el símbolo del poder local y la plaza de la Independencia perderá el sentido de soberanía que encierra. Y, adicionalmente, el Centro histórico cerrará el ciclo del vaciamiento de la representación de la democracia, como poder simbólico del sentido del gobierno del pueblo.

En América Latina existen dos formas de reubicación de la Presidencia de sus lugares habituales: por un lado, por el cambio de la capitalidad, donde el caso más importante es Brasil, que trasladó la capital de Río de Janeiro a Brasilia, donde incluso se concentran los ministerios. Y por otro, la reubicación temporal de la Presidencia de Chile -en Santiago- por los bombardeos que sufrió a raíz del sangriento golpe militar de Pinochet en 1974. Se pasó la función presidencial de La Moneda al Edificio Gabriel Mistral, que pasó a llamarse Diego Portales para, luego de la aprobación de la nueva Constitución en 1980, regresar a su lugar de siempre. Y el otro caso es el de México, donde se produce el cambio de la sede del Zócalo del Centro Histórico a la Residencia de los Pinos, dejando el Palacio Presidencial para los turistas, protocolo y para el famoso Grito de la Independencia. El resultado no fue del todo positivo.

Sin duda que el sur de la ciudad se beneficiaría pues se producirá una gran transformación en su desarrollo: incrementos del precio del suelo, polo de desarrollo y congestiones. Por eso es necesario también producir un cambio ordenando.

Con el cambio de lugar de la Presidencia no desaparecerá el poder simbólico sino que se reubicará. Por eso las marchas y manifestaciones no desaparecerán sino que se dirigirán hacia este nuevo lugar, porque no es el lugar el que crea el descontento.

* Arquitecto urbanista, catedrático de la Flacso

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