En la gloriosa, la izquierda se jugó por la democracia

El 28 de mayo de 1944, una alianza de amplio espectro -apoyada por un levantamiento popular- echó a Carlos Arroyo del Río e instaló en la Presidencia a Velasco Ibarra.



Patricio Moncayo M. * 24 Mayo 2014

El 28 de mayo de 1944 marcó un hito en la construcción de la democracia en el Ecuador. No fue una revolución -como la concibieron socialistas y comunistas- , tampoco fue solo un cuartelazo militar -como lo sostuvo Arroyo del Río- ni fue el inicio de una democracia de masas -como lo proclamó Velasco Ibarra-.

Fue, sin duda, un momento de ruptura política; sin embargo, tal ruptura no emergió de un proceso revolucionario, no fue producto de la lucha de clases ni concluyó en la toma del poder por el proletariado.

El contexto en que este proceso tuvo lugar fue la Segunda Guerra Mundial, bajo cuyo ­amparo se produjo la invasión militar del Perú y la fatídica firma del Protocolo de Río de Janeiro. El que ello ocurriera cuando el régimen de Arroyo del Río recién comenzaba, siendo elegido Presidente en medio de la denuncia de un fraude electoral, creó condiciones para una sublevación popular a la que se le pretendió dar un alcance que no tuvo.

La crisis del régimen liberal, las fluctuaciones de las exportaciones de cacao, la extensión de las luchas obreras por reivindicaciones  salariales, el carácter represivo del gobierno de Arroyo del Río, la pérdida de una gran parte de nuestra heredad territorial, crearon el escenario de la sublevación. Las fuerzas protagónicas de ella fueron la izquierda, José María Velasco Ibarra y una amplia coalición de agrupaciones que fundaron la Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE).

La ADE formuló un Programa en el que constaban metas concretas: la unidad nacional en torno al restablecimiento de la democracia, el impulso a la producción, el derecho a la organización sindical, la reconquista del territorio perdido. No era, ni de lejos, un programa socialista.   
La izquierda, a través de análisis históricos posteriores, se lamenta por los “errores” cometidos que permitieron que el 28 de mayo fuera arrebatado por la derecha: la alianza de los partidos de izquierda con los partidos de la “burguesía”, la formulación de un Programa “reformista” y el apoyo a la candidatura presidencial de Velasco Ibarra. Sin embargo esos errores  son relativos. En efecto, sin la alianza no habría sido posible el derrocamiento del gobierno de Arroyo del Río. El programa reformista, aunque no se cumplió a plenitud, sentó las bases del trabajo parlamentario de la Asamblea Constituyente de 1944-1945.

Y con el apoyo a Velasco Ibarra se abrió una puerta a la participación popular y al robustecimiento del movimiento sindical de los trabajadores de la ciudad y del campo. Por otro lado, el país necesitaba una reparación moral por la derrota  militar frente a Perú; la explosión popular  actuó como una suerte de expiación de una culpa, por cierto colectiva. Arroyo del Río, en su obra ‘Por la pendiente del sacrificio’, explica con abundancia de pruebas las circunstancias en las que su Gobierno tuvo que tomar  decisiones críticas.

El 28 de mayo tuvo dos momentos: el insurreccional y el institucional. En el primero, otro “error” habría sido no impulsar la “reorganización del Ejército” ni la “ampliación del armamento del pueblo”, hecho que, por el contrario, fue aplaudido por Velasco Ibarra, quien habría declarado: “No tengo miedo ni al comunismo ni al socialismo. Cómo se ha de  tener miedo al comunismo en un pueblo en que, después de quebrantar a los carabineros, con las armas en la mano, entrega voluntariamente las armas a las autoridades” (Silvia Vega, 1987).

En el segundo momento, el institucional, sobresalen algunos hechos que revelan buen juicio. Pese al apoyo plebiscitario de las masas, Velasco dio paso a la elección de una Asamblea Constituyente y dio su visto bueno a la elección de diputados funcionales, no obstante no estar de acuerdo con ese ­tipo de representación. Con ello retribuía el apoyo recibido de la izquierda, gracias a lo cual, esta obtuvo un porcentaje alto de representación en la Asamblea Constituyente.

Polémico tratado
Polémico tratado
Tras la invasión peruana al Ecuador, en plena Segunda Guerra Mundial. El enfrentamiento devino en el protocolo de Río de Janeiro.

La izquierda, por su parte, tras haber participado en la insurrección civil-militar, supo encauzar su participación en la Asamblea Constituyente con un espíritu amplio y constructivo, en un marco deliberativo.

La Constitución de 1945 no fue “extremista”; recogió importantes derechos sociales e individuales, impulsó la formación de una ciudadanía consciente. En su elaboración y promulgación la representación de la izquierda en la Asamblea jugó un papel decisivo. La defensa de la división de funciones, la valoración del estado de derecho, del imperio de la ley, la libertad electoral, la conformación de un Tribunal Electoral independiente del Ejecutivo, del Tribunal de Garantías Constitucionales, fueron asumidas por dicha bancada, y en nombre de esos principios democráticos, y junto a los demás asambleístas, enfrentaron la “contrarrevolución velasquista”.

El Gobierno fue deshaciendo sus compromisos con la izquierda y una nueva correlación de fuerzas fue acorralando el mandato de Mayo. Si bien el 28 de mayo no había sido una revolución, pudo haber sido el inicio de una democracia más incluyente, pluralista y menos personalista. Liberales y conservadores, sin embargo, invocaron la vuelta a la normalidad; la restauración de la institucionalidad quebrantada durante toda una década.

Pero Velasco le dio otro giro al proceso. En el sufragio popular, según él, la intuición popular prevalece sobre los intereses clasistas, de partido, de agrupaciones; es “total” y, en esa medida, inapelable. Desde esa convicción, Velasco arremetió contra la Asamblea “dominada” por intereses particu­lares. Él se erigió como único representante de la soberanía popular, lo que le colocaba por encima del poder constituyente encarnado en la Asamblea.

De la Constitución de 1945 repudió la tentativa de poner límites al ejercicio del poder. El único capaz de pedirle cuentas al Gobierno era el pueblo, facultad que estaba restringida al voto. Lo cual le daba un amplio poder discrecional para gobernar fuera de la Ley.

*Politólogo y catedrático universitario; su tesis en la Flacso  (2008) versó sobre este tema.

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