La Pena capital aún avergüenza a la humanidad

Hace días, Egipto más de 500 personas fueron condenadas a la horca por motivos políticos, y en EE.UU. se debate sobre las inyecciones letales.



mpallares@elcomercio.com   Martín Pallares. Editor 26 Abril 2014

El  13 de abril pasado, en la página de opinión del New York Times se publicó una columna en la que se denunciaba cómo en algunos estados de EE.UU. se está ocultando información sobre el tipo de drogas que se usa en las inyecciones letales para  los condenados a muerte.

Se afirmada que ante la negativa de los laboratorios a vender las drogas porque no quieren que su nombre se vincule con la pena de muerte, las prisiones están usando drogas improvisadas.  Además, incluía pavorosos testimonios sobre cómo estas drogas están fallando, ocasionando terribles sufrimientos a los condenados.

Al día siguiente, en el mismo diario, la carta indignada de un lector decía que  resulta irónico que se esté debatiendo sobre si los funcionarios de las prisiones deben o no entregar la información de las inyecciones cuando lo que realmente debería debatirse es la aplicación de la pena de muerte.

Irónico o no, lo cierto es que esta escasez de inyecciones letales está convirtiéndose en una ventana para los activistas que  luchan por la abolición de  la pena capital en EE.UU., país al que Amnistía Internacional considera la última democracia occidental donde aún existe la pena de muerte.  

El resquicio jurídico para estos activistas se basa en el hecho de que la Octava Enmienda de la Constitución de EE.UU. sostiene que no se podrán imponer castigos crueles e inusuales a los reos.

La polémica se produce asimismo cuando el Senado del estado de New Hampshire no logró por apenas un voto aprobar la abolición de la pena de muerte.  De haber pasado la iniciativa, New Hampshire se habría convertido en el estado número 19 en eliminar la pena de muerte, aunque en la práctica no ha habido ahí una ejecución desde 1939.

Lo que acaba de ocurrir en ese estado y  la polémica sobre las escasez de inyecciones letales son un episodio más de la
antigua y apasionada batalla de la humanidad alrededor de la pena de muerte.

Básicamente, la pena de muerte es el proceso legal en el que una persona es condenada a morir por el Estado como castigo por un crimen. La pena capital ha sido practicada por casi todas las sociedades del mundo, como un castigo a criminales o disidentes políticos y/o religiosos.

Las primeras manifestaciones en contra de la pena de muerte aparecieron en la antigüedad.  La primera abolición de la que se tiene registro es la decretada en el año 747, por el emperador chino Xuanzong Tang, aunque su decisión fue anulada apenas 12 años más tarde, por otra dinastía.

Pero no fue sino hasta el aparecimiento del liberalismo, en el siglo XVIII, donde aparecen las primeras señales abolicionistas. Fue el italiano Cesare Beccaria, en su libro ‘De los delitos y las penas’, de 1786, el primer tratadista en abogar por la abolición de la pena de muerte por considerar que ese castigo no solo era ilegítimo sino inútil.

Sin embargo, hubo que esperar muchos años para que los países empezaran a abolir totalmente la pena de muerte. El primer Estado en eliminarla fue el italiano que la eliminó en 1849 y el segundo fue Venezuela, en 1849.  

El Ecuador la abolió en la Constitución de 1906, según el registro de Amnistía Internacional. Para el historiador Carlos Landázuri, la eliminación de la pena de muerte en el Ecuador y el mundo es parte de un ideario liberal que sostiene que hay derechos inherentes al individuo que están por encima de cualquier derecho que pueda arrogarse el Estado. El Estado no tiene derecho a quitarle al vida a un individuo.

Infografía
Infografía
Fuente: Aministía Internacional


Los países europeos demoraron mucho en abolir la pena de muerte. Inglaterra no la eliminó completamente sino hasta 1969 y Francia en 1981.

Fue precisamente la lucha por la abolición de la pena de muerte en Francia la que produjo el aparecimiento de quien es sin duda la figura más significativa del movimiento abolicionista.  Se trata de Robert Badinter, quien luego de haber actuado en  los años 70 como abogado de un condenado a muerte y de ver cómo se lo ejecutó cuando éste pudo haber sido inocente, volcó su vida a la lucha a favor de la abolición.

Badinter cuenta en su libro ‘Abolición: la batalla de un hombre en contra de la pena de muerte’ que se percató de que su error había sido luchar por convencer a los jueces sobre la inocencia de su cliente y no sobre la injusticia de la pena de muerte. Según Badinter, quienes querían que su cliente sea ejecutado lo que buscaban es que los criminales paguen sus crímenes con sus vidas. “Para sumar adeptos a su causa, los partidarios de la pena de muerte le atribuyen propiedades disuasivas que no tiene. Ante las consideraciones morales, científicas, históricas y políticas que demuestran que la pena de muerte es ilegítima e ­inútil los  partidarios solo tienen una respuesta: los criminales deben morir porque la muerte es el único castigo posible para sus crímenes”.

Badinter condenó en el 2006 la ejecución de Saddam Husein en Iraq y es uno de los más activos críticos de China. Según Amnistía Internacional,  ese país realiza más ejecuciones que todos los otros países que tienen pena de muerte juntos.

“El ritual de la ejecución siempre ha estado imbuido con la idea del sacrificio expiatorio: muerte por muerte, para apaciguar la ira de los dioses, lo cual no es otra cosa que una proyección de nuestras insoportables angustias”, sostiene.

Testigos de una ejecución.
Testigos de una ejecución.
Foto: Archivo


La polémica sobre la pena de muerte se ha reactivado en los últimos días, no solo por lo de New Hampshire o las inyecciones letales sino, además, por la noticia de que más de 500 personas han sido condenadas a muerte acusadas de terrorismo en Egipto por el Gobierno militar de ese país.

Precisamente la revista The Economist, en un artículo publicado el jueves, en el que decía que la pena de muerte está dejando de ser popular en  EE.UU., sostenía que la evidencia está demostrando que el argumento de que la pena capital es la mejor política disuasiva contra el crimen está equivocada.  El número de crímenes, dice The Economist, fluctúa cada año y han bajado drásticamente de 24 500 en 1993 a 14 800 en el 2012, sin que haya habido mayores reformas a la pena de muerte.  Los asesinos en muy pocas ocasiones llegan a ser ejecutados. En el 2012 solo hubo una ejecución por cada 345 asesinatos, agrega.

El argumento más emotivo de los abolicionistas es que los jurados cometen errores.  El Centro de Información de la Pena de Muerte, una organización abolicionista en EE.UU., sostiene que al menos diez ejecutados pudieron haber sido inocentes en la última década.

El lector que envió al The New York Times la carta este 14  de abril decía  que EE.UU. no es muy distinto de aquellos países a los que da lecciones de derechos humanos como Irán,  China o Corea del Norte. No al menos hasta que no haya sido eliminada la pena de muerte.

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