50 años del gran cambio en el campo

En 1964 entró en vigor la Reforma Agraria. Ha sido un proceso largo. ¿Los resultados? Aumento del minifundio, mayor justicia y nacimiento de un sector campesino medio.



Martín Pallares. Editor 06 Diciembre 2014

El año 2014 ha sido visto como momento para recordar varios aniversarios. Ha sido el año del centenario de la Primera Guerra Mundial y de los 25 años de la caída del Muro de Berlín, entre otros.

Pero hay un aniversario cuyo significado es enorme en la historia del Ecuador: los 50 años de la Reforma Agraria. Para bien o para mal, este proceso marcó al campo ecuatoriano y, así, a la identidad social del Ecuador.

Pero la Reforma Agraria no fue un hecho determinado que marca por sí solo el principio o el final de algo. Como sostiene Gonzalo Ortiz, especialista en historia agraria del Ecuador, la Reforma Agraria es un proceso que comenzó antes de 1964 y que siguió produciéndose durante muchos años. Tantos que hay quienes sostienen, como ciertos movimientos sociales, que está inconclusa.

La reforma agraria, sostiene Ortiz, comenzó a finales de los años 30, cuando por iniciativas privadas y por presión social se empezó a cambiar un sistema de prácticas injustas propias del precapitalismo colonial.

Esas iniciativas eran proyectos de grandes terratenientes que entregaron tierras a indígenas que habían vivido bajo el esquema del huasipungo, mediante el cual el hacendado prestaba tierras a cambio de trabajo.  A muchos de estos hacendados no les movía una generosidad desinteresada sino la necesidad de modernizar sus propiedades librándose de la excesiva mano de obra que suponían los huasipungueros. 

A esto se juntaba el descontento de sectores indígenas que empezaron a movilizarse de la mano del Partido Comunista o de la Iglesia Católica.

En 1964, la presión social había llegado a un punto álgido pues entonces se sumaba el efecto de la Revolución Cubana. La exclamación de “ya viene la revolución” hizo que las élites aceptaran un cambio. 

Además, en la Costa se había producido un interesante fenómeno con el inicio de los cultivos del banano. Gracias a las visiones de Galo Plaza y Velasco Ibarra, el modelo bananero se basaba en propiedades pequeñas de 50 hectáreas. Eso hizo que en la Sierra muchos vieran que propiedades pequeñas podían ser productivas. En 1964 una reforma agraria se caía de madura.

Esta reforma, como sostiene el experto Fausto Jordán en un estudio sobre el tema, buscaba  convertir a la agricultura ecuatoriana en un productivo negocio de campesinos y empresarios agrícolas. Se propugnaba, sostiene, promover un proceso de movilidad social que brinde iguales oportunidades a todos los ecuatorianos en dirección de construir una sociedad más democrática. Esto incluía que se afilie a los campesinos al seguro social, el acceso al crédito y el establecimiento de una relación laboral moderna.

El proceso no concluyó con el decreto de 1964, pues la presión social continuaba. Durante otra dictadura militar, esto es en 1973, se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria. Esta era más radical y ambiciosa “porque requería la explotación eficiente de más del 80% del predio como condición para no ser sujeto de afectación”, como señala Jordán.

En la ley de 1973 también se consagraban como causales de expropiación la existencia de relaciones no salariales y la presión demográfica.

La agitación social volvió en 1990 cuando se produce un levantamiento indígena en demanda de mayor distribución de la tierra. El Gobierno de Rodrigo Borja decidió entonces entregar títulos de cerca de 2 millones de hectáreas.

¿Cuál es el balance de estos 50 años? Para Ortiz, la Reforma Agraria fue una válvula de escape ante tanta presión social. Quizá afectó la productividad, pero evitó que en el Ecuador se hayan incubado movimientos subversivos rurales como en Perú y Colombia, sostiene. “Se hizo justicia y mejoró la alimentación de los campesinos”.

Fausto Jordán, por su lado, afirma que se multiplicó el minifundio pero que al mismo tiempo se creó un sector campesino medio y los grandes terratenientes perdieron sustancialmente capacidad de presión política.

¿Concluye ahí el proceso redistiributivo impuesto por el Estado? Hay dos posiciones en estos momentos en que se discute una nueva Ley de Tierras.

Por un lado hay ciertos sectores campesinos y movimientos de izquierda que piensan que aún hay excesiva concentración de la tierra. Durante un simposio que se realizó hace poco en la Universidad Andina Simón Bolívar, por los 50 años de la Reforma Agraria, estas visiones  se hicieron patentes.

Pero hay una tesis que sostiene que la tierra ha sido suficientemente retaceada y que ahora cualquier política en relación con la tenencia de la tierra tiene que pensar en la productividad.  Manuel Chiriboga, quizá el más insigne investigador del campo ecuatoriano, decía poco antes de su muerte en una columna en El Universo, que si existe concentración de tierras no es de carácter latifundista sino por vinculación al desarrollo capitalista. Por eso, proponía una ley más bien de tipo antimonopolio.

Chiriboga sostenía que en estos tiempos, una mayor distribución de la tierra no significa una mayor  distribución del ingreso. En esa línea  de pensamiento también está el Gobierno actual.  En efecto,  el proyecto de Ley de Tierras que se pule en la Asamblea no se contempla límites al tamaño de las propiedades y las condiciones que se ponen a la propiedad son las de responsabilidad social y de sostenibilidad ambiental.

En todo caso, como proceso, la Reforma Agraria sigue siendo un tema polémico.

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