La verdad, ¿para qué?

En las negociaciones entre el Gobierno y las FARC el tema de las comisiones de la verdad está sobre el tapete. Lo curioso: no son la panacea que se dice.



Por Alfonso Cuéllar* (O) 07 Marzo 2015

Jedwabne es un pequeño pueblo en Polonia. El 10 de julio de 1941 su población de origen judío fue forzada a reunirse en la plaza central. Allí obligaron a adultos y a niños a arrodillarse y arrancar la maleza que había incrustada entre las piedras. La plaza tenía que quedar impecable. Luego, los encerraron a todos en un granero. Echaron gasolina, prendieron fuego y 1 600 personas murieron incineradas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades polacas inscribieron una placa en un monumento conmemorando la tragedia. Allí señala a los responsables de la masacre: la Gestapo y “los gendarmes de Hitler”. Jedwabne era apenas otro cruel ejemplo de la barbarie de los nazis hasta  el año 2000, cuando salió publicado un libro del periodista Jan Gross sobre el incidente.

Las conclusiones de la investigación fueron diametralmente opuestas a la historia oficial.

Según Gross, los asesinos no fueron los alemanes sino los mismos vecinos de los judíos. Fueron ellos quienes aprovecharon la ocupación nazi para exterminar a toda la población de origen judío.

El libro de Gross no fue bien recibido en Polonia. Desde el Gobierno pasando por la inf­luyente Iglesia Católica llovieron las críticas y el cuestionamiento a la obra. No era posible que los polacos fueran culpables, si Polonia fue la gran víctima de la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de sus ciudadanos perdieron la vida en esa conflagración. Que ahora, 55 años después, se achacara al pueblo polaco crímenes de lesa humanidad era inaceptable y una afrenta a su dignidad. Los habitantes de Jedwabne estaban indignados de que se hablara así de sus antepasados. Pero Gross tenía la razón. A regañadientes, el Gobierno ofreció disculpas generales por los hechos y aceptó cambiar la placa, mas no la responsabilidad de ningún polaco en la tragedia.

Era muy difícil, incluso medio siglo después, digerir la verdad. Dividió a  la sociedad. Incluso hoy para muchos sectores de la sociedad polaca prima la historia oficial de que la matanza fue obra de los nazis.

Ese es problema de la verdad. Pocas veces es blanca o negra, especialmente en episodios de violencia, donde hay victimarios y víctimas. Ni en los crímenes pasionales la culpabilidad es sin ambages. Casi siempre hay alguna justificación del acto. La verdad raramente es absoluta sino cubierta de 50 sombras de gris.

Si extrapolamos ese razonamiento, ¿qué verdad puede surgir al asignar culpas de las decenas de miles de asesinatos, secuestros, desplazamientos y violaciones que ocurrieron durante varias décadas? Si no es posible para la sociedad polaca llegar a un consenso sobre un solo hecho en 1941, imagínese el reto de hacerlo para esclarecer un conflicto irregular y tan largo en el tiempo como el colombiano. Un conflicto tan prolongado en el que no hay acuerdo incluso de cuando comenzó. Para las FARC, arrancó en la década de los 30. Otros, en 1964 y 1965, cuando nacieron las guerrillas. Y otros, ¡en 1810!

El desafío que hay sobre el tapete en estos días en Colombia es precisamente definir qué pasó durante todos esos años. Parece haber, ahí sí, un consenso de que una comisión de la verdad es fundamental para avanzar hacia un posconflicto en paz. Lo dice el Gobierno, lo reafirman las FARC y la comunidad internacional aplaude a los dos. Se citan ejemplos a doquier: Argentina, Sudáfrica, Guatemala, Chile.  

Sin duda esas comisiones hicieron su trabajo. Aportaron un mayor entendimiento de las realidades políticas, sociales y económicas de sus países. ¿Pero esa verdad unificó a la sociedad?  A pocos años de la publicación del informe de la Comisión Nacional sobre de la Desaparición de Personas en Argentina, el presidente Alfonsín tuvo que enfrentar dos levantamientos militares. Y esa investigación apenas abarcó el período 1976-1983 y sobre el papel, solo se ocupó de las actuaciones ilegales de la dictadura.

Las comisiones de la verdad tuvieron un segundo aire en el proceso de desmantelamiento del ‘apartheid’ en Sudáfrica a principios de los 90. Ahí se acordó que combatientes de los dos lados -el régimen sudafricano y el Congreso Nacional Africano- confesaran sus crímenes a cambio de no recibir un castigo penal. Esa experiencia motivó la creación del Centro Internacional para la Justicia TransicionaL (ICTJ) en 2001 y otras ONG dedicadas a promover esa alternativa. Gracias a la labor de estas organizaciones, son muy pocos los que hoy ponen en entredicho la validez de emprender ese camino de la búsqueda de la verdad.

Moral y éticamente es difícil argumentar en contra. Además, parece lógico y así nos han educado. Como dice la Biblia, “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.  Pero en el terreno de la llamada violencia política, muchas veces hay incalculables verdades. Más aún en Colombia, donde mucho victimario fue primero víctima. Pensar que una comisión -por distinguidos e ilustres que sean sus miembros- se convierta en un punto de encuentro y reconciliación es ilusorio. Temo que agravaría aún más la polarización. Si solo la verdad  de un solo acontecimiento como el holocausto del Palacio de Justicia de noviembre 1985, del cual se ha investigado hasta la saciedad, sigue siendo esquiva y genera tensiones que han hecho temblar los cimientos de las instituciones colombianas.

Además, no hay ninguna evidencia empírica e inequívoca de que esas comisiones de la verdad sirvieron para construir y no destruir. Y conocer la verdad no siempre es la panacea.

O si no, pregúnteles a los habitantes de Jedwabne.

Comunicador. Presidente y director general de Hill+Knowlton Strategies Colombia. Fue editor de la revista Semana. Una versión más corta de este artículo fue publicada  en Semana.com

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