Redistribuyendo el poder y la riqueza

Mientras los igualitaristas tienen como objetivo la igualación de arriba hacia abajo, los demócratas tienen como objetivo la igualación de abajo hacia arriba, a través de la creación de oportunidades.



Mauricio Maldonado M.* (O) 01 Agosto 2015

Hay, en la tradición democrática, dos agendas sobre la “redistribución”: la del poder y la de la riqueza. Ambas, aunque desarrolladas en momentos distintos, son el producto de similares aspiraciones de la teoría democrática, no obstante sus diferentes objetos.

La democracia representativa, que había asumido los principios de “soberanía popular” y de “separación de poderes” –de modo que el poder distribuido entre los ciudadanos estuviese también distribuido entre sus diferentes representantes por funciones–, ha sido identificada con las instituciones del voto y de la regla de mayoría como mecanismos “típicamente democráticos”. En realidad, voto y regla de mayoría se suelen asumir como democráticos, aunque no necesariamente lo sean. Bastaría con diferenciar sus condiciones de existencia y sus condiciones de relevancia. Un ejemplo: no se puede decir que en Cuba o Corea del Norte (donde recientemente se han celebrado unas elecciones) el voto y la regla de mayoría puedan influir en el cambio político aunque de hecho existan como mecanismos, mientras que esto sí se da en países como Alemania o Estados Unidos.

De este modo, es posible afirmar que las elecciones son mecanismos democráticos si y sólo si son relevantes para el cambio político, lo que supone un entorno de libertad: de allí se produce una conjunción entre derechos políticos y derechos de libertad, sin los que no se puede hablar de democracia, aun en su sentido formal.

En relación a estos aspectos la situación actual en el Ecuador es del todo preocupante. Un ejemplo por todos: la libertad de expresión se ha mermado no sólo por la apabullante propaganda gubernamental que tiende a crear “verdades” paralelas a la verdad de hecho, sino por la institución de todo un sistema orgánico que “de derecho” la impide: basta pensar en un organismo como la Supercom, cuya forma de control resulta inaceptable en un sistema democrático. Algo similar se puede decir en cuanto a los derechos políticos: se ha impedido que prosperen algunos procesos de democracia directa. Desde el caso de los Yasunidos hasta las propuestas de consulta con relación a la reelección indefinida, se ha truncado cada iniciativa.

En cuanto a la democracia como división de poderes, no cabe duda de que en el Ecuador se ha producido una tendencia a la concentración en el Ejecutivo. Huelga decir que en el legislativo la fiscalización se ha tornado prácticamente nula, además de que el mismo ejercicio de su función se ha desnaturalizado por la dependencia de la figura del co-legislador a niveles tales que resultan anómalos incluso en un sistema presidencialista. Por otro lado, al menos desde la consulta popular que autorizó la reestructuración de la administración de justicia –que el mismo poder aceptó como una “metida de mano”– se ha visto con sospecha su independencia real (así se muestra, por ejemplo, en el informe de Luis Pásara).

El análisis somero de la situación de las funciones tradicionales aparece de por sí como alarmante, aunque este mismo enfoque se podría ampliar prácticamente a todas las entidades y órganos del Estado.

Ahora, en relación a la redistribución de la riqueza, para diferenciar a la doctrina democrática de la doctrina igualitarista, es necesario distinguir entre la igualdad en los puntos de partida (igualdad de oportunidades) y la igualdad en los puntos de llegada (igualdad de resultados). La contraposición es clara: la doctrina liberal, así como la doctrina democrática que la asume, parten de un escenario ideal donde las personas están en capacidad de valerse por sí mismas a condición de que tengan similares oportunidades. Una doctrina igualitarista, por su parte, apunta a una igualdad de resultados, sin que importen los méritos o las habilidades individuales. Los igualitaristas aceptan la igualdad de resultados, pero también la desigualdad de obligaciones: en esta doctrina los más capaces para producir tienen más deberes, pero tienen iguales derechos en lo económico que los menos capaces para hacerlo.

En cambio, las desigualdades económicas de los demócratas se basan en los méritos y se ven como legítimas siempre que sean el producto de una actividad asimismo legítima. En ese sentido, mientras los igualitaristas tienen como objetivo la eliminación de las grandes fortunas (igualando de arriba hacia abajo), los demócratas tienen como objetivo la igualación de abajo hacia arriba (a través de la creación de oportunidades: generalmente mediante la eliminación de ciertas barreras de hecho, como las deficiencias en atención a sectores populares en educación o salud).

En este ámbito, en el Ecuador los resultados parecerían ser más alentadores, sobre todo porque en el actual gobierno se ha reducido la pobreza en términos considerables (aunque relativamente iguales a los existentes en el gobierno de Lucio Gutiérrez). También habría que destacar las mejoras realizadas en los servicios de salud y educación, además de toda la infraestructura creada. A pesar de la persistencia de ciertas fallas, esto debe verse como algo loable.

Aun así, no es menos cierto que algunos de esos resultados se deben a una generación extraordinaria de ingresos (petróleo, deuda e impuestos). La mayor bonanza de la historia ecuatoriana: siete años de vacas gordas –demasiado bíblico para ser cierto– que no han servido para sobrellevar sin demasiadas reformas y costes un semestre de “crisis”. ¿Acaso mucho de lo gastado no habría podido servir para mejores y más felices fines? Piénsese, por ejemplo, en la obesa burocracia actual, en todo el gasto corriente y de propaganda, en las comitivas de un número exagerado de personas en el exterior, en las pomposas rendiciones de cuentas e incluso en algunas obras cuyo precio rebasaría el promedio de otras similares: como el caso de la ruta Collas. Y otras, como la refinería del Pacífico, que debía haberse inaugurado en 2013 y que aún no ha sido completamente financiada.

Y como si esto fuera poco, lo que ahora se propone es “acabar” con las grandes empresas familiares, valiéndose del impuesto a la herencia. ¿Para qué? Si con todo lo recaudado en impuestos (aproximadamente trece mil millones seiscientos mil dólares sólo en 2014), más todos los ingresos petroleros y toda la deuda, no han logrado la redistribución efectiva que tanto propugnan, ¿cómo piensan hacerlo con lo recaudado por impuesto a la herencia, que producirá, como mucho, treinta o cuarenta millones de dólares en un año?

Eliminar las grandes fortunas hechas legítimamente no es un plan democrático. Ya antes, en la historia, se ha intentado hacerlo, y el resultado ha sido siempre el mismo: rotundos fracasos sociales y creación de nuevas oligarquías gobernantes. Los ideólogos criollos de la equidad y la justicia –desde la vida burguesa– parecen desconocer esta historia. O quizás la conocen demasiado bien, y entonces la situación se torna aún más preocupante.

*Doctorando en filosofía del derecho de la Universidad de Génova (Italia).

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