Gobiernos socialistas con receta capitalista

La crisis económica en la región y las medidas de ajuste ponen en evidencia a los países que se llaman socialistas modernos



César Augusto Sosa. Macroeditor (O) 19 Marzo 2016

Devaluaciones, retiro de subsidios sociales, reducción del gasto público, despidos, achicamiento del Estado, aumento de precios de combustibles, entrega de activos estatales a empresas privadas... Conforme avanza la crisis económica en América Latina por una caída de los precios de las materias primas, los gobiernos denominados de izquierda como Brasil, Venezuela, Ecuador o Bolivia comenzaron a aplicar medidas de ajuste luego de una década de bonanza que les permitió mejorar sus indicadores económicos y sociales.


Pero las medidas que vienen aplicando estos gobiernos desde el año pasado tienen un gran parecido a las que tomaban los llamados neoliberales. De ahí que cabe preguntarse si dentro del socialismo existen alternativas para enfrentar una crisis económica como la de los actuales momentos. 


Pero el socialismo clásico, que implica la socialización de los medios de producción entre la clase trabajadora, no existe en la región. Las leyes en cada país garantizan la existencia de la empresa privada.


Lo que ha existido en realidad es una mayor participación del Estado en la actividad económica (keynesianismo), combinada con medidas proteccionistas  que se aplicaron en la década de los 70 (modelo Cepalino) y un discurso antiimperialista que en varios casos se tradujo en conflictos con empresas privadas.


El caso más extremo de conflictos con empresas privadas es Venezuela. Durante los 13 años del gobierno del presidente Hugo Chávez hubo
1 440 compañías, galpones y terrenos expropiados, según un informe presentado en el 2013 por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria). Los sectores económicos donde existieron más expropiaciones fueron en los de la construcción, la agroindustria, el petrolero, el comercial y el de alimentos.


En todos esos casos, sin embargo, el Gobierno pagó por esas expropiaciones, aprovechando los ingentes recursos del ‘boom’ petrolero, que también permitieron la expansión del gasto público en grandes programas sociales llamados Misiones, con el objetivo de proveer servicios básicos y transferencias de recursos a sectores excluidos. 


Según un informe del Banco Mundial, el crecimiento económico y la redistribución de recursos provenientes del petróleo permitieron bajar la pobreza del 50% en 1998 a cerca del 30% en el 2013, además de poner la desigualdad entre las más bajas de la región.


Pero la caída de los precios del petróleo desde finales del 2014 empezó a evidenciar las fisuras del socialismo venezolano, que ya registra dos años consecutivos de fuertes caídas en su producción. La inflación cerró el 2015 en 181%, la más alta a escala mundial.


Para afrontar la crisis, el Gobierno anunció el mes pasado alzas en el precio de la gasolina, devaluación de la moneda, ajuste de precios en los productos regulados, reformas a las redes de supermercados del Estado y aumento de salarios y bonos. 


Ese paquete de medidas sorprendió, porque un aumento de precios en los combustibles es la típica receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ícono del neoliberalismo para los países del socialismo del siglo XXI. 


Aunque la situación económica en Brasil es menos dramática, el Partido de los Trabajadores (PT) también inauguró el año pasado las clásicas medidas de ajuste, luego de una década de bonanza que permitió sacar de la pobreza a 26 millones de personas.


La caída de los precios de las materias primas, además de los escándalos políticos por actos de corrupción, complicó a la mayor economía latinoamericana, que cayó 3,8% el año pasado. El actual gobierno de Dilma Rousseff anunció a finales del año pasado un paquete de medidas que incluyen reducir el gasto público en prestaciones por desempleo, abonos salariales y subsidios por enfermedad. La petrolera Petrobras aumentó los precios de los combustibles para reducir un subsidio promovido desde el Gobierno.


Para los regímenes socialistas, o que intentan dar un papel más importante al Estado en épocas de crisis, como manda la teoría keynesiana, una reducción del gasto público o de las prestaciones sociales evidencia una contradicción.


En Ecuador pasa algo parecido. La crisis económica obligó al Gobierno a reducir el gasto público en el 2015 y este año repetirá esa receta. También ha entregado activos estatales a empresas privadas, como es el caso del campo petrolero Auca, a cambio de un adelanto de USD 1 000 millones. Esta semana se aprobó una ley que flexibiliza las normas laborales. Y aunque por un lado protege a la industria nacional limitando las importaciones, por otro avanza en liberalizar el comercio con la Unión Europea. 


En los casos de Brasil y Ecuador, las medidas keynesianas quedaron a un lado porque no tienen recursos para enfrentar las épocas de crisis.
Quien sí puede hacerlo es Bolivia, que está en el grupo de los países del socialismo del siglo XXI, pero que tiene reservas que equivalen al 46% del PIB. Además, no tiene problemas en mantener relaciones con el FMI y tiene una política macroeconómica prudente, como recomienda el FMI o el Banco Mundial.

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