La reconstrucción se basa en el Estado

En cuatro terremotos registrados en casi un siglo en Ecuador, las instituciones del Estado, con sus límites, participaron con apoyo local y extranjero



César Augusto Sosa. Macroeditor (O) 08 Mayo 2016

Los desastres naturales han puesto a prueba a los gobiernos desde la época de la Colonia. La capacidad de respuesta -siempre limitada- no ha escapado de las críticas, en parte porque no existe una receta para salir ileso de una devastación.


Cuatro terremotos en el Ecuador durante casi dos siglos (1797-1987) han mostrado las diferentes facetas de los gobiernos de turno, los cuales, sin embargo, siempre recibieron apoyo de los ciudadanos, de la iglesia, de países amigos, ONG, etc., que apoyaron con dinero y productos.


Ecuador ha enterrado al menos 40 000 personas producto de estos cuatro terremotos y ha sido testigo de la reconstrucción de pueblos que han vuelto a desplomarse décadas después. En todo este proceso el papel del Estado ha sido determinante, asignando recursos, cobrando impuestos para  financiar la reconstrucción, moviendo a pueblos enteros a otras locaciones, controlando a los especuladores e incluso fusilando a quienes se aprovecharon de la desgracia ajena.


La ciudad de Riobamba prácticamente desapareció  con el terremoto del 4 de febrero de 1797, en horas de la mañana, cuando muchas familias habían acudido a la misa de domingo. El cerro Cullca se vino abajo y cubrió las ruinas que ya había dejado el sismo. Murió como la octava parte de la nobleza y la mitad de la plebe, recuerda Juan Núñez en su publicación ‘El terremoto de 1797’.


Los escritos de la época catalogaron a este temblor como el más formidable que se haya experimentado desde el descubrimiento de América hasta aquel día. Fue tal la destrucción que los sobrevivientes no juzgaron conveniente reconstruir la ciudad en el mismo sitio, ya que el represamiento del río que atravesaba Riobamba era una amenaza permanente.


Con las autoridades de la Real Audiencia de Quito se decidió cambiar de sitio al lugar que hoy ocupa la ciudad, aunque no todos los pobladores quedaron satisfechos. Pero ante la orden del Presidente de Quito lo aceptaron y Riobamba fue reconstruida desde la nada, señala un estudio de José Egred, publicado por el Municipio de Riobamba en el 2000.


Para que eso funcione fue necesario cambiar a varias autoridades, incluso al Presidente de la Real Audiencia, Luis Muñoz de Guzmán, cuya actuación fue  muy pobre.


Siete décadas más tarde, las provincias de Carchi e Imbabura sintieron los efectos de dos terremotos que destruyeron casi la totalidad de edificaciones cercanas a los epicentros. El primero fue en la zona de El Ángel (Carchi), que dejó decenas de víctimas, destrucción de viviendas e iglesias.


Pero el sismo principal ocurrió la madrugada del 16 de agosto de 1868, que destruyó Ibarra, Otavalo, Cotacachi, San Pablo, Atuntaqui y otras poblaciones vecinas, dejando alrededor de 6000 muertos.


El presidente de la época, Javier Espinosa, puso a Gabriel García Moreno a cargo de la Jefatura Civil y Militar, con el objetivo de poner orden en una zona donde se tenían reportes de robos a las personas que habían quedado sepultadas, además de la especulación con productos alimenticios, principalmente la sal, un artículo imprescindible no solo como aliño sino también para la conservación de los cárnicos
García Moreno llegó con un batallón del Ejército a Caranqui, la noche del 24 de agosto, y no tardó mucho en dejar su sello personal. Al llegar a Imbabura expidió un manifiesto que se regó como pólvora .


Ahí señaló: “La desnudez y la miseria a que esta catástrofe ha reducido, y sobre todo la nube de bandidos que se ha lanzado a buscar en el robo una infame ganancia, han puesto el colmo a vuestros desastres y convertido esta hermosa provincia en un vasto campo de desolación y muerte, de lágrimas y delitos… ¡Los malvados que tiemblen! Si continúan cometiendo crímenes serán exterminados”, reseña el libro de Luis Madera: ‘Ibarra y el terremoto de 1868’, publicado en 1919.


García Moreno ordenó fusilamientos en Otavalo e Ibarra. El historiador Enrique Ayala dijo que pararon los robos, pero el ejemplo que dejó García Moreno fue tenebroso, pese a que sus detractores le reconocieron su gran capacidad para manejar la situación.


Utilizó los recursos de las tesorerías de Quito y Guayaquil, así como los diezmos de la iglesia. Dejó de pagar un mes los sueldos a la burocracia para atender la emergencia.


También fue ágil en conseguir ayuda local y extranjera. El Municipio de Tulcán envió 111 cargas de patatas, 23 reses y 23 pesos en dinero. El cantón Guano colectó y envió 115 pesos con cuatro reales. La gente llegaba de Pasto en mulas a dejar productos y dinero. Hubo contribuciones de Bélgica, Italia, Francia y Gran Bretaña.


La reconstrucción de Ibarra fue total, ya que solo habían quedado tres viviendas en pie.  La ciudad se diseñó desde una palmera de coco que había soportado el terremoto. Y desde ahí se trazaron anchas calles y muchos parques para que la gente los utilice como sitios seguros en caso de sismos.


A diferencia de la reconstrucción de Ibarra, la de Ambato fue de menor escala. La ciudad soportó un terremoto en 1949, que tuvo un alto potencial destructivo por los deslizamientos de tierra en Pelileo, aunque también se afectó Píllaro, Guano y Ambato.


El presidente de ese entonces, Galo Plaza Laso, constituyó por primera vez una Junta de Reconstrucción, pues creía que el Gobierno era menos eficiente que el sector privado en esa tarea. Sus vínculos con organismos internacionales influyeron para que llegara ayuda internacional, en una época donde ya habían ONG como la Cruz Roja, así como medios de comunicación con cobertura nacional. Su gestión no escapó de las especulaciones por supuestos desvíos de las donaciones y la entrega de obras a personas cercanas. Pero no hubo ninguna acusación formal. En el inicio del ‘boom’ bananero del Ecuador, los recursos para la reconstrucción salieron del tesoro nacional, que ya se nutría de los impuestos al comercio y al consumo.

1987
1987
El terremtoo de ese año causó la rotura del oleoducto.


En el caso del terremoto de  1987, en la provincia de Napo, el Gobierno de León Febres Cordero financió los daños con alzas en los precios de la gasolina, una moratoria en el pago de la deuda externa y un plan de austeridad. La tarea principal fue reparar el Oleoducto, que era la principal fuente de divisas. Miles de propietarios de limitados recursos quedaron afectados por el sismo, básicamente en la Amazonia y por deslizamientos de tierra.

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