Uno de los hechos que marcó la gestión gubernamental fue la aprobación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La normativa fue aprobada en agosto del 2008 por la Asamblea Nacional.

Pese a ello, la ley sufrió una reforma que entró en vigencia en el 2011. En esos cambios se incorporaron sanciones más drásticas para los conductores y peatones, como la pérdida de puntos en la licencia y más tiempo de cárcel para los infractores; además se determinaron los límites de velocidad en las calles de la ciudad, en las vías de la periferia y en las carreteras.

El control de velocidad empezó el año pasado; con la polémica sanción de tres días de prisión para quienes superan cada límite de velocidad (50 km/h en vías urbanas, 90 km/h en periféricas y 100 km/h en carreteras, para livianos) en más de 20 km/h.

La marca del Gobierno de Rafael Correa es la ampliación, construcción y modernización del sistema vial, que -en algunas rutas- estuvo relegado desde hace tres décadas. La obra vial contempla -hasta el 2014- una inversión de USD 5 250 millones, para 1 286 kilómetros de arterias.

Ahora, casi todas las provincias tienen carreteras de concreto, para una mayor duración. Una obra sobresaliente es la edificación del puente sobre el estuario del río Chone, que une a Bahía de Caráquez con San Vicente, en Manabí; los pobladores lo pidieron por cinco décadas.

Otros puentes y vías integran el complejo vial de Esmeraldas o la ampliación vial entre Quito y la Sierra Centro. Se edificaron carreteras en Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, el Austro y la Amazonía.

El Gobierno ha invertido unos USD 7 000 millones en los últimos seis años. Ese dinero se ha destinado para infraestructura, medicamentos, gratuidad en los servicios. La inversión contempla una Planificación territorial y ordenamiento para fortalecer los hospitales y atender las enfermedades por especialidades.

Hay gratuidad en los servicios de salud. El Ministerio de Salud ahora tiene 140 hospitales, construye 26 nuevos y remodela más de 20, asimismo proyecta 950 centros de salud. El sistema responde a más de 35 millones de atenciones hospitalarias. Se cambió la modalidad de trabajo de los médicos, que pasó de cuatro horas laborables a ocho horas diarias; como medida compensatoria, se incrementaron los salarios. Hubo deserción de profesionales del sistema público.

En el IESS unos 3 000 servidores dejaron sus puestos y esto provocó desatención médica; retraso en la entrega de turnos. El Gobierno planteó el Plan Ecuador Saludable Vuelvo Por Ti, que tiene 1 400 médicos inscritos.

Si bien la tasa de matriculación para la educación general básica llegó al 96% a escala nacional, un tema pendiente es la calidad de la enseñanza.

El país se encuentra en plena reforma educativa, con cambios en el sistema de evaluación en los niveles básico y medio (las notas son sobre 10 puntos, se sustituyeron los trimestres por quimestres).

En junio, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa medirá el impacto de esos cambios. Más de 600 000 niños se incorporaron a las escuelas, la entrega de uniformes es gratuita para más de un millón de estudiantes y la meta es proporcionar alimentación escolar a 700 000. Asimismo, se procedió a una reforma en las universidades, de las que 14 han cerrado por mala calidad. La relación con el gremio de los maestros se deterioró.

La infraestructura en servicios como el Registro Civil se modernizó, hay mejor atención a los ciudadanos y los tiempos de los trámites (inscripciones de recién nacidos, cedulación, matrimonios, etc.) se han acortado.

Un tema pendiente es la matriculación vehicular: se modernizaron instalaciones, que pasaron de la Policía a manos civiles, pero pese a que se trata de un trámite nacional, este todavía no se encuentra unificado; dependiendo de cada municipio, hay diferentes requisitos y trámites. A eso se suman problemas con el sistema tecnológico, que ha causado retrasos en el registro e incumplimientos de plazos.

En Quito, el Registro de la Propiedad, si bien pasó a manos municipales y cuenta con nuevas instalaciones, no evidencia mejoras sustantivas en los trámites y la atención.

Desde que empezó el Gobierno, el Fisco puso los ahorros disponibles a circular en la economía nacional. Se eliminaron los fondos petroleros, se utilizaron los excedentes que dejó la exportación de crudo, se acudió a créditos de China y del IESS y se establecieron reformas para que la banca trajera sus fondos del exterior e inyectara liquidez al mercado. Antes del Gobierno, los ingresos del sector público llegaban a USD 11 200 millones al año; en el 2012, alcanzaron 35 500 millones.

Con mayores recursos fiscales, el gasto público se disparó: inversión en obra pública, en lo social, subsidio a combustibles, incremento de sueldos, etc. La mayor cantidad de recursos implicó más dinero en el bolsillo de la población, que empezó a comprar más casas, autos, celulares, electrodomésticos, comida importada, etc. El gasto de los hogares subió un 68% en los últimos seis años.

En materia de Ambiente se incrementó el presupuesto, se contrató a personal más preparado y se posicionó el tema a nivel político. En temas de conservación se han impulsado programas como Socio Bosque, que ha ayudado a mantener la cobertura vegetal, y la Iniciativa Yasuní ITT, única en el mundo. Un pendiente es la crisis del manejo de la basura en Ecuador.

Aunque el Ministerio ha intentado coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que se mejore el manejo de desechos, los resultados positivos son mínimos. Otro tema cuestionado es el aumento de la explotación de petróleo y el otorgamiento de licencias ambientales a proyectos de minería. Por un lado, se promueve la conservación y, por otro, no se frenan estas actividades altamente contaminantes para la naturaleza, incluso cuestionadas por la Iglesia católica. Entre los aciertos está la creación de una institucionalidad, antes nula.

El modelo económico del Gobierno ha privilegiado la inversión pública y el mercado interno, a la vez que ha cambiado las reglas del juego con el sector privado, con el objetivo de recuperar el papel del Estado. En seis años hubo cuatro reuniones entre el Presidente y los empresarios, luego de un cabildeo para posicionar temas que inquietan a las empresas privadas del país: acuerdos comerciales, presión tributaria, regulaciones laborales, etc. Las empresas han logrado hacer negocios en estos seis años, aunque las inversiones han sido limitadas, así como la inversión extranjera.

Alrededor de diez reformas tributarias, aumento de salarios, eliminación de la tercerización, sanciones por no afiliación al IESS, restricción a las importaciones, nuevos impuestos a empresas y bancos, renegociación de contratos petroleros, eliminación de acuerdos de protección de inversiones y una falta de política de comercio exterior han tocado las fibras del aparato productivo. El gasto público hizo crecer las ventas de las empresas en seis años.

Desde el 2007, el Gobierno del presidente Rafael Correa ha logrado alcanzar la estabilidad política que desde 1997 no se había visto, por la caída de tres gobiernos: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

Esto le ha permitido mejorar la gobernabilidad política y dar continuidad a las políticas de desarrollo económico y social. En estos seis años, el movimiento oficialista ha concentrado todos los poderes del Estado, lo que ha negado la posibilidad de una fiscalización del Régimen y ha limitado la transparencia, que ha dado lugar a varios casos de corrupción, que han sido denunciados.

En seis años de Gobierno, el tema de derechos humanos ha tenido matices. Rafael Correa impulsó la Comisión de la Verdad, demandada desde los años ochenta por las víctimas de la tortura estatal; mas, tras los resultados del informe publicado en el 2010, la mayoría de casos develados siguen en la impunidad. Organismos internacionales de DD.HH. han señalado que un punto que merece atención es la libertad de expresión.

Por un lado, se ha mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos en materia de derechos civiles. Pero, por otro, se ha criminalizado la protesta social y se han incrementado el número de defensores de la vida y los derechos enjuiciados. Asimismo, se han incrementado los ataques a los medios de comunicación y a los periodistas.

La creación del sistema de ECU-911 en el país implicó un cambio en la estrategia de seguridad. Hasta ahora se han inaugurado siete centros que cubren las llamadas de emergencia en el 67% del país. Estos articulan en un solo sistema de comunicaciones a la Policía, Fuerzas Armadas, Bomberos, Cruz Roja, etc. La violencia, pese a que se redujo la tasa de homicidios, tiene puntos débiles por la deficiencia en el control de armas de fuego. En Quito hay un alto índice de delitos perpetrados con pistolas, revólveres, etc.

Los familiares de víctimas de la inseguridad se quejan de que las indagaciones en sus casos no prosperan.

Se conformó una nueva Corte Nacional de Justicia y un nuevo Consejo de la Judicatura, tal como lo estableció la Constitución del 2008. Se separó a funcionarios judiciales, luego de una evaluación y se llenaron vacantes por concurso. La construcción de nuevos edificios e implementación de equipos tecnológicos para la justicia son un paso en la reforma judicial.

Ahora hay más edificios y computadoras para los usuarios de la justicia. Mas, las audiencias fallidas, pese a los esfuerzos realizados por la Judicatura para agilizar los trámites de los procesos judiciales, retrasan la producción judicial. Se crearon nuevos juzgados de la Niñez y Adolescencia, pero los usuarios, también cuestionan la lentitud