Yachay fue el gran proyecto impulsado por el ex presidente Rafael Correa para crear un complejo tecnológico y científico al estilo de Silicon Valley en Ecuador. Después de seis años de ejecución, los edificios construidos tienen fallas que impiden su uso, no hay servicios básicos, la mitad de las tierras productivas expropiadas para el proyecto están abandonadas y la obra civil dejó daños en piezas arqueológicas de la cultura Caranqui. Las labores, financiadas en parte con crédito de China, hoy están bajo escrutinio del nuevo gobierno y la Contraloría
El reajuste de una obra con sello asiático Ni el aporte de Corea del Sur en la planificación de las obras de la Ciudad del Conocimiento ni de China en el financiamiento salvaron al proyecto de los errores y la estrechez presupuestaria que ahora obliga al gobierno del presidente Lenin Moreno a reajustar los planes de acción.
En la Ciudad del Conocimiento Yachay no hay sistema de agua potable y alcantarillado, tampoco vías, energía eléctrica ni red de telecomunicaciones. En esas condiciones resulta difícil que lleguen grandes empresas nacionales e internacionales para innovar, emprender, investigar, transferir tecnología con la academia y 10 institutos de investigación públicos.
El plan maestro del proyecto fue contratado por el gobierno del expresidente Rafael Correa por USD 9,7 millones bajo la concepción de que la ciudad abarcaría 4462 hectáreas y supondría una inversión progresiva de USD 5680 millones en 33 años.
El plan fue diseñado por la empresa surcoreana IFEZ y se inspiró en la Zona de Desarrollo Económico de Incheon, ciudad portuaria del país asiático.
Ahora la gerencia de Yachay afronta el reto de redimensionar este megaproyecto y concentrará las obras en 382 hectáreas. Los planes, además, serán ajustados a las necesidades reales y la disponibilidad de recursos fiscales.
En este caso se dispone de un crédito chino de USD 1 034 millones a 20 años y 3,5% de interés, que forma parte de un acuerdo marco de cooperación logrado por Correa entre ambos países, en enero del 2015.
El expresidente Rafael Correa con su homólogo de China Xi Jinping. Foto: Archivo/ El Comercio
De estos recursos se ha ejecutado poco más de un tercio del primer desembolso y su disponibilidad permite aliviar en parte la presión que tiene el fisco, debido a la crisis económica que se agravó en 2015 y 2016 y que ha llevado al déficit fiscal ecuatoriano, que para el año próximo será de USD 10 000 millones.
En la primera fase del proyecto llegaron USD 261 millones Exim Bank de China, según Jorge Martínez, actual gerente de la empresa pública Yachay EP, que maneja el proyecto, pero la condición para su entrega fue que la infraestructura y el equipamiento de la ciudad se realizara con empresas del gigante asiático.
La primera contratación se realizó en noviembre del 2015 con China Gezhouba, cuyas filiales fueron sancionadas por el Banco Mundial por supuestas operaciones fraudulentas y mala praxis en diversos proyectos ese mismo año. Esta firma también está presente en Venezuela, Argentina, Perú, en donde no está exenta de problemas.
La anterior administración de Yachay EP adjudicó a Gezhouba de forma directa la construcción de 11 obras y equipamiento por USD 169,7 millones, de los cuales USD 47,4 millones tienen observaciones por la actual administración de Martínez.
El plazo de las obras a cargo de China Gezhouba fue de hasta 28 meses, que se cumplen en marzo del 2018. Sin embargo, la implementación del sistema de agua y alcantarillado falta todavía por concluir.
Los trabajos iniciaron el 27 de enero y se extendieron a noviembre del 2016 con estudios preliminares. El avance de la obra no ha sido el esperado por cambios en la planificación horizontal de la ciudad, que provocó que las redes diseñadas no coincidan con las de los diseños definitivos, entregados en noviembre del año anterior, explica Jorge Ponce, gerente técnico. No se ha contratado la ejecución de la captación y conducción del agua y la planta de tratamiento de aguas residuales.
Otro inmueble que también afronta dificultades técnicas es el denominado clúster de la tierra, cuya construcción está suspendida. Los estudios de diseño presentan 180 inconsistencias y están incompletos, según Ponce. A esto se suman rubros sin certificaciones presupuestarias, requisito indispensable en contratación pública, retrasos, formalidades en planillas pendientes, entre otros aspectos.
La construcción del clúster Ciencias de la Tierra fue adjudicado a la China Gezhouba la cual subcontrató la obra al Consorcio CRA. Foto: Vicente Costales / El Comercio
En la ciudad también están presentes otras tres firmas chinas: China Camc Engineering Co., China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) y China International Water & Electric Corp (CWE). Esta última, que opera en el Ecuador desde el 15 de noviembre del 2010, construyó dos conjuntos residenciales y ahora está siendo investigada por la Fiscalía.
Las indagaciones se reforzaron tras la delación hecha en septiembre pasado por José Conceição Santos, exsuperintendente de Odebrecht en Ecuador. El brasileño dijo que el vicepresidente Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, ambos presos por el supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, presuntamente aplicaron un esquema de pago de sobornos, similar al de la constructora, con firmas chinas.
CWE intervino en la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón y en el sistema de control de inundaciones, en Cañar, al sur del Ecuador. En total tiene contratos por USD 600 millones, incluidos los de la ciudad en construcción Yachay.
Este Diario buscó a los representantes de CWE y China Gezhouba, las últimas dos semanas. Se llamó a los números y correos electrónicos de CWE registrados en la Superintendencia de Compañías. En el caso de Gezhouba, se informó que el apoderado Chen Lui ya no está y se envió un cuestionario al nuevo gerente. Todavía no hay respuesta.
Otra empresa con la que hay problemas es Imbavial, cuyas acciones son mayoritariamente del Consejo Provincial de Imbabura. Estuvo a cargo de la construcción de 32 kilómetros de vías internas desde febrero del 2014 por USD 26,5 millones y un plazo de 20 meses, pero la obra tuvo siete suspensiones de 1000 días.
Su contrato fue terminado unilateralmente por la gerencia de Martínez, pero Patricio Vaca, titular de Imbavial, explica que impugnara la resolución, porque las suspensiones fueron responsabilidad del contratante, debido a la falta de estudios definitivos. Exigirá el pago de los trabajos realizados, lucro cesante y daños y perjuicios.
“Yachay EP (la anterior administración) incumplió porque no contrató a tiempo la consultoría de diseños de agua potable, alcantarillado y soterramiento de redes”.
Estos estudios se contrataron a fines del 2015 y actualmente hay obreros en las vías levantando la calzada para instalar primero los servicios básicos.
La Contraloría también está auditando estas contrataciones y está previsto los resultados de su examen en noviembre próximo.
En tanto esto se aclara, el gobierno del presidente Lenin Moreno resolvió reducir el espacio de intervención de las cuatro zonas de la Ciudad del Conocimiento planificadas originalmente de 4462 hectáreas. Esta superficie equivale a 15 centros históricos de Quito.
Ahora en la zona 1 o más conocida como el sector del conocimiento, los esfuerzos se centrarán en reparar los cinco edificios con fallas de diseño y construcción, que servirán para los estudiantes de la Universidad Yachay Tech y empresas tecnológicas. Ya no se intervendrán 1345 hectáreas sino 256.
La Zona de Desarrollo Económico (ZEDE) se reducirá de casi 700 hectáreas a 125. Ahí el reto será colocar servicios básicos y vías de acceso para atraer a las industrias.
Martínez califica de “irracional” haber empezado la construcción de edificios y vías sin que antes esté el sistema de agua potable, aguas servidas, luz, etc. El contrato con la empresa Imbavial a cargo de las calzadas tuvo suspensiones de 1000 días por no contar con estudios definitivos. “Hubo una pésima planificación”, enfatiza.
Sin embargo, para Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay EP, la planificación fue una prioridad y cree que los problemas se debieron a limitaciones económicas. “Una cosa fue el escenario en el 2013, donde nadie preveía una caída de la economía y otra cosa fue el 2015, cuando cayeron las exportaciones, luego el terremoto, etc. En 2016 fue un escenario delicado que no resistió la planificación”.
El plan maestro del proyecto, que se inspiró en la Zona de Desarrollo Económico de Incheon-Corea del Sur concibió una ciudad de 4462 hectáreas y una inversión progresiva de USD 5680 millones en 33 años. Actualmente, las obras se concentraron en 382 hectáreas de dos zonas y el resto se arrendará a empresas, asociaciones o emprendimientos privados.
Sector de Biotecnología
Sector de Agroturismo
Sector de Producción Tecno-Industrial
(Parque Tecno-Industrial)
Sector del Conocimiento
(Parque Tecnológico)
En esta zona actuará el Estado remediando lo que está mal
Elementos Arqueológicos
Tanques
Área útil (43.21 ha)
Espacio libre Fase 1 (139.21 ha)
Parques
Predios en litigio
Haciendas
Áreas de conservaciónPrincipales asignaciones
ASOSANEUR 22.47 ha
ASOCHAPARRAL 10.77 ha
AGSO 71.24 ha
CRUZ ROJA ECUATORIANA 3 ha
CAMPAMENTO CEIEC 5.05 ha
CAMPAMENTO GEZHOUBA 2 ha
JARDÍN BOTÁNICO 157.10 ha
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 2.78 ha
Recuperación y experimentación (alfalfa) 17.22 ha
Proyecto Agrícola Las Mercedes 4.73 ha
ZANAHORIA BLANCA 1.93 ha
PRODUCTANKAY (UVILLA) 63.71 ha
JORGE CHANCOSA 2.05 ha
CAMPUS UNIVERSIDAD 55 ha
HOTEL YUNKA WUASI 0.5 ha
Asociación Unidos por Siempre 97.8 ha
Victor Coral Rosero 22.2 ha
Elementos Arqueológicos
Área útil Zona 2 (138,24 ha)
Haciendas
Áreas de conservación
Parques
Transectos
Zona2
ComunidadesAsignaciones Zona 2 (Total 233.96 ha)
Centro de Desagregación Tecnológica MIPRO (0.27 ha)
Centro de Investigación de Alimentos (0.30 ha)
Data Center (0.67 ha)
Escombrera San Rafael (4.46 ha)
Empresa Soluciones Tecnológicas Smart Data (1.61 ha)
ZEDE YACHAI (0.40 ha)
IANCEM zona 2 (142.98 ha)
MOCEPROSA (0.40 ha)
Plataforma Logística (35.87 ha)
SETRU SA (7.53 ha)
Vivero Servicios de la Ciudad (39.47 ha)
Área útil Zona 3 (210 ha)
Haciendas
Área de conservación
Zona 3
Predios en litigio 147.47 haPrincipales asignaciones
BIOFABRICA 2.26 ha
CDC - LA VOLADORA 1.42 ha
FEDAVIE 6.62 ha
IANCEM ZONA III 178.30 ha
IANCEM ZONAII 4.40 ha
INP 5 ha
MASTERCUBOX 167.77 ha
PLANTA TRATAMIENTO 0.06 ha
PRIGOURMET 133 ha
PROYECTO MAÍZ HÍBRIDO 8 ha
Área útil Zona 4 (78.84 ha)
Área útil libre INIAP Z4
Haciendas
Áreas de conservación
Área cultivada INIAP
Zona 4Principales asignaciones
BLOOM SCC 6.45 ha
INIAP 872.03 ha
Por su parte el exsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que lideró esta obra junto con la expresidente, en su cuenta de Twitter @compaiRENE ha dicho: “No se puede evaluar a @CiudadYachay como si ya fuera Silicon Valley; en la ciencia no hay atajos”. El exfuncionario no contestó vía telefónica, por lo que no se pudo recoger su punto de vista sobre la situación de este proyecto.
Las dos últimas zonas de esta urbe, en donde se concentran gran parte de terrenos expropiados volverán a manos privadas, bajo la modalidad de arrendamientos, lo cual también permitirá que Yachay EP tener nuevos ingresos y ser autosustentable.
En esta área se adjudicaron 872 hectáreas al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), de las cuales están utilizadas 120. El resto dependía de compromisos de inversión de la anterior administración de Yachay EP, que tampoco se concretaron por restricciones financieras, según la entidad.
Por ahora la ciudad no contará con los 22 000 habitantes que tenía previsto. Son 2000 personas que a diario sienten las limitaciones y viven entre viviendas, edificios y calles polvorientas por las construcciones.
El expresidente Rafael Correa y el exsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, René Ramírez, presentaron cómo iba ser la ciudad del conocimiento Yachay en una cadena sabatina. Fuente: Youtube
Cinco grandes cubos de hormigón se levantaron sin orden ni concierto en medio de un erial que, hasta hace seis años, era considerado el granero de Imbabura, al norte de la Sierra ecuatoriana. Estos edificios, cuya construcción está parada casi dos años son parte de la Ciudad del Conocimiento Yachay. Se trata del proyecto bandera del expresidente Rafael Correa con el que impulsa la investigación y la transferencia tecnológica, entre la academia, el sector público y las empresas privadas.
Un diagnóstico contratado tardíamente por la anterior administración de la empresa pública Yachay EP, a cargo de esta y otras obras aledañas e inconclusas, confirmó no solo los errores y omisiones en los diseños y en la fase constructiva. También reveló la necesidad de refuerzos en vigas, losas y columnas, que implicarán un gasto superior a los USD 44,6 millones, previstos en diseño y construcción.
En esta obra de ingeniería hay tres firmas involucradas a las que la actual gerencia de Yachay EP, liderada por Jorge Martínez, exalcalde de Ibarra, seguirá acciones legales y la Contraloría está auditando. Hospiplan, que hizo los diseños, el consorcio fiscalizador H.P.C, del que es parte Hospiplan y, Conecuakor, que asumió la construcción.
En el edificio de laboratorios se levantaron cuatro pisos hasta que empezaron las deflexiones y fisuras en losas, vigas y columnas. Foto: Vicente Costales / El Comercio
Este estudio al que EL COMERCIO accedió incluye revisiones del diseño estructural, de la seguridad, análisis de las afectaciones existentes, incluso un estudio de precios unitarios.
Pero el contrato de esta consultoría apenas fue suscrito el 15 de marzo pasado por la exgerente administrativa, Karla Echeverría y el ingeniero Marcelo Guerra. Es decir, 15 meses después de que se realizó la primera suspensión de las obras y la fiscalización y a la que se sumaron otras seis paradas.
Sin embargo, las alertas de hundimientos y grietas en vigas y losas empezaron a mediados del 2015, cuando se presentaron problemas con una escalera que evidenciaba fisuras y deformación, lo cual afectaba la resistencia de los materiales de uno de los edificios de administración y gestión. Esta alerta dada por Chang Hyung Kim, gerente de Operaciones de Conecuakor, obligó a Hospiplan a asumir una primera responsabilidad relacionada con sus diseños, así como la reposición de las gradas.
Según Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay EP, “en el 2015 no hubo problemas, se siguió ejecutando las construcciones”.
Sin embargo, el 10 de septiembre de ese año, el arquitecto Patricio Rosero, director de fiscalización, informó a la gerencia de Infraestructura, las gestiones relacionadas con las afectaciones y concluyó que se requiere urgentemente análisis y ensayos para detectar las causas de los problemas. Este Diario buscó la versión de Andrés Troya, extitular de esta gerencia, vía telefónica, pero no contestó.
Para Rodríguez, los problemas se detectaron en 2016 y se conformó una comisión con los involucrados, quienes resolvieron que se contrate la consultoría. Esta contratación, añade, recién se concretó este año, porque “no se contaba con presupuesto y estaban prohibidas las consultorías como medida de austeridad”.
El trabajo del ingeniero Marcelo Guerra concluyó en julio pasado, cuando ya asumió la nueva administración del presidente Lenin Moreno.
En este inmueble planificado para que funcione un auditorio se analiza derrocar la cubierta. Foto: Vicente Costales / El Comercio
Sus estudios revelan que en las torres TT1 y TT2 (Transferencia Tecnológica I y II), que están casi terminadas, hay deficiencia de acero en las columnas de los dos subsuelos. Estas columnas, así como las vigas de pasillos y las losas con huecos, presentan excesiva deflexión y requieren de reforzamientos para soportar el peso de la misma estructura, de los acabados y posteriormente de los usuarios. En las fachadas se recomienda derrocar las placas de hormigón para bajar el peso.
Los laboratorios que se proyectaron para estar en siete pisos y un subsuelo, en la realidad llegaron a construirse cuatro plantas y se suspendió debido a los problemas estructurales.
Ahí se pide refuerzos en vigas, losas y columnas y se advierte que si se va a terminar el edificio como se proyectó hay que hacer otro diseño de estos elementos.
Según los planos, el espesor de la loseta de comprensión (losas delgadas) debe tener cinco cm mínimos, pero al introducir un dedo en los huecos de la losa se ve que no pasa de tres. Este es un error constructivo que genera grietas y fisuras en la losa e inconvenientes a futuro, explica Marcelo Calderón, gerente de Infraestructura de Yachay EP.
Estas fallas se repiten en el edificio administrativo, que también adolece de malos acabados en paredes, escalones y tiene fallas constructivas en zonas estructurales.
El auditorio presenta similares deficiencias y una sugerencia adicional: derrocar la losa final que está sobre tres plantas y reemplazarla con una cubierta liviana y resistente.
Para Jorge Martínez a este diagnóstico le faltó un plan de cómo deben ser reparados estos edificios, por lo que ahora está en proceso de concurso público una nueva consultoría, que permita reanudar la construcción.
Los diseños y planos iniciales de estos inmuebles se incluyeron en un apéndice del Plan Maestro del proyecto Yachay, en el cual se definió los lineamientos generales de cómo debía ser la ciudad. Esto fue contratado- sin concurso público- a la Oficina de la Zona Económica Libre de Incheon (IFEZ), por USD 9,7 millones. Incheon es la tercera ciudad más poblada de Corea del Sur en donde se desarrolla un parque tecnológico y empresarial, al que lo llaman el Silicon Valley de Asia.
Los diseños que entregaron los coreanos fueron un aporte adicional al contrato y tuvieron observaciones por parte de nueve exdirectores de Yachay EP.
Como se trató de un ‘regalo’ no cabía hacer reclamos y tampoco los descartaron, más bien optaron por contratar a una consultora para que valide los estudios.
Parque tecnológico de Incheon de Corea del Sur. Foto: Sitio web de IFEZ http://ifez.go.kr
Hospiplan fue la única que presentó una oferta de tres invitadas y ganó el contrato con un puntaje de 90,5 sobre 100 puntos. La validación y rediseños contemplados en el acuerdo inicial y un complementario significaron para el Estado: USD 656 000.
Pero la empresa recibió sendos informes con observaciones de los extécnicos del área de Urbanismo y Arquitectura, a los que se comprometieron a corregir “conforme el avance de la obra”. Esto consta en un acta de compromiso de cumplimiento del 21 de enero del 2014. Los directivos de esta firma se negaron a explicar a este Diario las causas de las fallas identificadas en los diseños y su responsabilidad como fiscalizadora.
Martínez espera que en los resultados finales de la auditoría de la Contraloría se ratifiquen las deficiencias identificadas en los diseños y en la construcción -que ya constan en el informe borrador-, para enjuiciar a todos los responsables.
Sin embargo, la construcción se adjudicó a la Compañía de Construcciones Ecuatoriana Corea (Conecuakor), firma de economía mixta, cuyo capital mayoritario es del Colegio de Ingenieros del Ejército, que al ser entidad pública no se le puede exigir ninguna garantía, según la ley ecuatoriana. Por ahora solo se terminó su contrato unilateralmente y se le exigirá la devolución del anticipo que no ha sido devengado.
Para el gerente, este es uno de los artificios que se usaron para estar exentos de rendir cuentas de la contratación. A este problema se suma otra divergencia por obras adicionales y rubros nuevos que no cuentan con certificación presupuestaria previa, requisito ineludible en contratación pública.
Martínez explica que el monto es de USD 14,4 millones, mientras que Nelson Perugachi, actual gerente de Conecuakor, dice que es de USD 9 millones y asegura que las fallas no son constructivas, ya que se cumplió con el diseño y las observaciones de la fiscalizadora. Este impasse se resolverá vía legal y la Contraloría será la que determine si hay responsabilidades civiles, administrativas y penales.
Jorge Martínez, Gerente General de la Empresa Pública Yachay. El Comercio
TT1 y TT2
Auditorio
Aulas
Laboratorios
Para construir la Ciudad del Conocimiento Yachay, el gobierno de Rafael Correa expropió 4462 hectáreas de tierras productivas. Seis años más tarde no solo las obras están paralizadas, sino que la mitad de las tierras fértiles que pasaron a manos del Estado están improductivas y en el abandono.
Han pasado seis años desde que el Estado expropió las tierras a las que dedicaba 12 horas diarias, para cultivar caña de azúcar. Desde entonces, Norberto Recalde no se resigna. Confiesa que la pérdida le provocó un infarto y una profunda depresión, contra la que aún batalla.
Tras ser expulsado, los terrenos situados en el cantón Urcuquí, al noroccidente de Imbabura, quedaron abandonados y con el tiempo los verdes cañaverales se convirtieron en una extensa sabana árida, color marrón. Pero Recalde no es el único inconforme. Hay 1200 comuneros, una decena de parceleros y 34 hacendados que se quedaron sin los ingresos de la producción agrícola y ganadera.
En total, 4 462 hectáreas fueron parte del plan de expropiaciones para construir la Ciudad del Conocimiento Yachay. La implementación de este proyecto impulsado por el expresidente Rafael Correa para desarrollar investigación, tecnología y emprendimientos fue inmediata.
En esta panorámica se ven los terrenos expropiados secos y abandonados, del otro lado están plantaciones privadas. Foto: Vicente Costales / El Comercio
Las secuelas de esta decisión aún se sienten entre los hacendados y campesinos que perdieron un estilo tradicional de vivir y de llevar sustento a sus hogares, a través de la explotación de una tierra, a la que hasta hoy la consideran como el granero del norte del Ecuador.
La devastación es más notoria cuando se compara con las tierras de Ibarra, que están en el límite del polígono de intervención del proyecto Yachay. Los campos ibarreños muestran frutales, plantaciones y ganado, que no solo embellecen el paisaje, sino que aportan a su economía.
Desde julio pasado, Jorge Martínez, gerente de Yachay EP y exalcalde de Ibarra, afronta las secuelas que dejaron las expropiaciones. Desde su punto de vista personal, “nunca hubo un plan de acción, no se debía expropiar así”. El proyecto, añade, debió crecer progresivamente evaluando las necesidades y la demanda real.
Sin embargo, para el exgerente, Héctor Rodríguez, valorar de excesiva a la expropiación es subjetivo, porque se lo hizo de acuerdo con el Plan Maestro contratado a la firma coreana que maneja la Zona de Desarrollo Económico de Incheon, más conocida como el Silicon Valley asiático.
Dicho plan sirvió para trazar los lineamientos generales de la ciudad, lo que permitió según Rodríguez, tener cuatro zonas de planificación, una distribución espacial que era necesaria, evitar la especulación inmobiliaria y contar con accesos para infraestructura.
La mayor parte de la tierra confiscada correspondía a 34 haciendas, cuyos propietarios pelearon a través de juicios el pago de un precio justo y que en algunos casos aún no terminan.
Para Marco Ávila, de la hacienda La Merced de Tapiapamba y dirigente de los afectados, este proceso se basó en la intimidación a los afectados y a todos los trabajadores. En ese tiempo pensaron que si hablaban con el expresidente Correa se reconsideraría la decisión de expropiar.
Tras seis años sigue creyendo que el proyecto que defiende Rodríguez estaba sobredimensionado y pone como ejemplo a Ibarra que tenía en esa época 4 100 hectáreas, similar al área expropiada de Yachay, pero se desarrolló progresivamente en 300 años.
En su caso todavía guarda los documentos que muestran cómo dos años antes de la expropiación- en el 2009- pagó al Municipio de Urcuquí un impuesto predial rural de USD 470,2 y dos años más tarde este rubro cayó a la mitad.
Esto generó malestar en Ávila y en el resto de hacendados que tomaron el hecho como una señal de que se estaba desvalorizando sus tierras y así comenzar la expropiación con un precio favorable para el Estado. En este caso el valor de su propiedad cayó a la mitad.
“Se actuó con mala fe, se les dijo que no se estaba valorando bien y que se reconozcan los parámetros establecidos en la ley. En buena parte se lo hizo”.
Santa Isabel es otra de las haciendas con una historia y tradición agraria de 100 años. Uno de sus cinco expropietarios, Andrés Endara, describe la expulsión como si hubiera sido ayer. Su indignación no le ha resultado tan fácil de procesar al igual que a Recalde.
Tan pronto les llegó la notificación de que el bien había sido declarado de utilidad pública, les visitó el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Nos acusaron de que teníamos niños trabajando, gente explotada y que éramos unos terratenientes. No comprobaron nada, todo teníamos en orden”, cuenta Endara.
Este ingeniero agrónomo quedó en el desempleo, con un niño con discapacidad y afrontó un juicio para obtener un precio justo, que se extendió hasta el 2016.
La desesperación lo llevó a pedir a las anteriores autoridades de Yachay EP, empresa pública a cargo del proyecto, que le dejaran seguir a cargo de las tierras, pero no tuvo eco.
Con el dinero que recuperó no le alcanza para comprar otro terreno, pues en esa zona la plusvalía se elevó “a los cielos”. Recalde y él están entre los partidarios de que les devuelvan las tierras, pues no se ha cumplido el fin para el cual fueron expropiadas.
La producción de caña de la hacienda Santa Isabel se entregaba al Ingenio Azucarero del Norte (Iancem), considerado el motor de la economía de Imbabura y la provincia vecina Carchi, frontera con Colombia.
Esta empresa de economía mixta, conformada por 843 accionistas privados y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), tambaleó en 2012 y 2013.
Para esos años, Recalde, Endara, Ávila y otros dejaron de entregar la materia prima al ingenio. En total, la empresa dejó de recibir 84 000 toneladas de caña anuales de 1200 hectáreas.
Esto provocó que el rendimiento de la compañía empezara a decaer y se vieran obligados a detener la molienda, explica su presidente, Alejandro Maldonado.
“Llegamos a parar dos meses y medio la fábrica y con los costos fijos de nómina, deudas y más encima. Fueron años de pérdida”. Pero prefiere olvidar el mal rato que esto ocasionó y creer que “todo problema es una oportunidad”.
Se volcaron a buscar a los cañicultores del valle de Salinas, una zona aledaña que no fue expropiada, para capacitar a los más grandes, cuya productividad subió de 110 a 135 toneladas por hectárea. Con esta estrategia, el déficit de caña descendió a 64 000 toneladas al año.
Durante este tiempo también se vieron afectados 1200 comuneros de seis comunidades que están dentro del polígono expropiado por el Estado y que laboraban en las haciendas.
Apenas el 30% se vinculó a Yachay EP, ya sea a través de asociaciones de producción agrícola o de servicios de limpieza y aseo, explica Doris Quimbiamba, concejal del Municipio de Urcuquí.
Las comunas de San Antonio, Las Mercedes, San Vicente, Tapiapamba y San Andrés del Puente han sido las más afectadas por la falta de empleo y recursos. “Con el hacendado era más fácil entenderse, ponía la tierra, la materia prima y los sistemas de riego y el agricultor aportaba con la mano de obra. Al final las ganancias eran 50/50”.
Los comuneros reclaman más facilidades para acceder a la tierra abandonada, ya sea para labrarla o dar mantenimiento, pero la limitación actual es que se debe pagar un arriendo.
El Iancem y otras nueve empresas y asociaciones arriendan cerca de 783 hectáreas y deben aportar con investigaciones e innovaciones en sistemas de riego, mejoras de cultivo, etc.
El compromiso de Martinez con el presidente, Lenin Moreno, es que hasta diciembre estén arrendadas 800 hectáreas más y que cumplan su objeto. Por ahora no tiene en mente devolver bienes públicos, salvo que el primer mandatario lo resuelva, aunque Norberto Recalde no pierde la esperanza, mientras continúa de vacaciones…
El paso de la maquinaria pesada y la instalación de obras civiles dejaron piezas arqueológicas afectadas en el denominado sector del conocimiento en Yachay. Este proyecto que apunta al desarrollo tecnológico, académico y empresarial está en el cantón Urcuquí, al noroccidente de la provincia de Imbabura y a 112 km de Quito.
La población de Urcuquí, que en lengua aborigen significa tierra de gente bien, se levantó sobre asentamientos que pertenecieron, principalmente, a la cultura Caranqui.
Un rasgo distintivo de esta civilización son los montículos artificiales para multiusos, como base para viviendas, cultos fúnebres u otros, que fueron estudiados por Jacinto Jijón y Caamaño en los años veinte. Este arqueólogo tenía haciendas que le permitieron identificar estas pirámides o más conocidas como tolas. Sin embargo, antes de que se empezara a levantar la ciudad del conocimiento, entre 2012 y 2013, se realizaron prospecciones, monitoreos y reconocimientos arqueológicos.
Estos estudios, que aportaron con detalles y la ubicación de las zonas arqueológicas, se entregaron al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), encargado de velar por la preservación de los hallazgos patrimoniales, de acuerdo con la Ley de Cultura.
Esto lo revela un informe de enero del 2015 al que EL COMERCIO accedió. El documento de 12 páginas fue elaborado por el arqueólogo español, Tomás Cordero, y su par ecuatoriano, Byron Camino.
Ambos aclaran que las afectaciones se dieron antes de la creación de la unidad de Arqueología que la empresa pública Yachay EP, encargada de esta urbe en construcción, de la cual Camino es su titular.
Elementos Arqueológicos
Su reporte detalla que el área donde más afecciones se encontraron fue en al sur de la Hacienda San José, inmueble que se remonta al siglo XIX. En este sitio, la arqueóloga María Moreira identificó cinco sitios arqueológicos, que fueron impactados por la construcción de vías.
El área en donde se levantó el Instituto Técnico Tecnológico Superior 17 de Julio, en cambio, la misma arqueóloga advirtió la presencia de 64 fragmentos cerámicos y tres lascas de obsidiana.
En este mismo sector, Camino realizó un monitoreo, que le permitió recuperar y registrar fragmentos cerámicos y piezas líticas; también documentó una tumba de pozo.
Esta tumba es de similares características a las excavadas y referidas por el historiador Jijón y Caamaño, en el primer cuarto del siglo XX. Cerca de este lugar quedaron expuestos objetos culturales, por la apertura de vías y rasantes.
Para el arqueólogo José Echeverría en esta zona de Urcuquí se han excavado tumbas y encontrado piezas, que muestran una manifestación cultural propia. “Se podría decir que habido un asentamiento original, que incluso ha recibido influencias de la cultura Capulí, que tuvo su núcleo principal en Carchi y Nariño, al sur de Colombia. Esto se debe a que Urcuquí era un punto de llegada y salida a otros sitios y puede tener una importancia única en comparación con otros asentamientos caranquis.
Para Echeverría, el problema de las prospecciones que se realizaron es que no profundizaron en las excavaciones, se debió aplicar otra metodología que vaya más allá de un metro. Los antiguos asentamientos de la Sierra norte demandan otros métodos porque es una zona donde habido movimiento volcánico. Las pruebas de pala- añade- ya no sirven mucho por ser superficiales y las tumbas han sido más profundas.
Una tercera zona inspeccionada es la conocida como de las 38 casas. Ahí dos tolas fueron seccionadas, una fue desbancada por la construcción de la calle y las residencias; la otra destruida por la apertura de una vía. El contrato de las carreteras fue adjudicado a la empresa de economía mixta Imbavial, cuyo capital mayoritario es del Consejo Provincial de Imbabura, es decir, es público.
Su gerente, Patricio Vaca, explica que de forma inmediata se notificaba cuando se encontraban huesos o cerámica y se cambiaban de área de trabajo hasta que el personal encargado de la preservación del patrimonio resuelva qué hacer. “Eso prácticamente no nos afectó, eran 32 km de vía, incluso se hizo la desviación de una vía en un caso”.
En la foto, el área donde se planifica la construcción de Enfarma. Foto: José Mafla/ El Comercio
El cuarto hallazgo está relacionado con el espacio asignado a la empresa pública de medicamentos Enfarma, que está en liquidación. Ahí se efectuó otra prospección.
Según el reporte de Cordero y Camino, prácticamente las tres cuartas partes del área arqueológica delimitada desapareció por los movimientos de tierra, previos a la construcción de la planta farmacéutica.
El actual gerente de Yachay EP, Jorge Martínez, señaló que ahí se gastaron USD 6 millones en la preparación del terreno, cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y otros 3 millones en estudios de diseño. No se llegó a construir nada. El 15 de enero del 2015, EL COMERCIO publicó una investigación en la cual se reveló que una empresa española sin solvencia estaba a cargo de los estudios de ingeniería.
Finalmente, en el suroeste del sector del Conocimiento, específicamente, en el denominado Tolas San José, el Instituto de Patrimonio colocó límites precisos a cada tola encontrada y trazó una zona de protección. Ahí no hubo una afectación directa, pero se advierte que la apertura de una vía que atraviesa el área supuso la realización de obras sin tomar en cuenta que es un espacio protegido.
El arqueólogo, Fernando Mejía, del Instituto de Patrimonio, explica que los sitios arqueológicos que se identificaron en el 2013 se han protegido completamente y aclara que los hallazgos durante las construcciones del 2014 fueron evidenciados por la entidad.
A los sitios afectados los califica como zonas de potencial presencia arqueológica y considera que no fueron “reales afectaciones”. Añade que tras estos hechos comenzó un proceso de mitigación de obras y para esto se contrató a un grupo de arqueólogos de planta para que realicen estudios.
Para el exgerente de Yachay EP, Héctor Rodríguez, en cambio, reconoce que “necesariamente hay daños, pero no fueron de consideración para recomendar la paralización de la obra o la detención de los trabajos”.
Añade que se catalogó las piezas y se resguardaron las de valor arqueológico. Hubo piezas de hasta 4 000 años antes. “Hasta que fui gerente se tuvo 4 800 piezas completas y más de 20 000 piezas en reconstrucción. Se rescató algo que no estaba catalogado en el mapa arqueológico nacional”.
El arqueólogo Byron Camino en la zona arqueológica de Yachay documentando los hallazgos. Camino lidera la Unidad de Arqueología, que vigila la preservación del patrimonio cultural. Foto: Cortesía YACHAI EP
Al inicio del trabajo, Byron Camino se enfocó en paliar los descubrimientos y desde el 2015 se realizan acciones de control y conservación. Según el exgerente de Yachay EP, Héctor Rodríguez, se declararon 1200 hectáreas de carácter patrimonial y no pueden usarse. Pero hasta ahora no se conocen acciones legales por los daños ocurridos. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 237, establece que la persona que dañe, deteriore o destruya total o parcialmente bienes patrimoniales del Estado será sancionada con prisión de uno a tres años. Igual pena se aplicará a servidores públicos que permitan derrocamientos que destruyan o dañen este tipo de objetos.
La actual administración de Jorge Martínez registra 1541 hectáreas que deben ser conservadas y espera que la Contraloría también audite el proceso de conservación del patrimonio.
El arqueólogo Echeverría concluye que en Yachay ya tienen excavadas 300 tumbas y esto amerita un gran museo para que las piezas no estén en anaqueles; se tenga un servicio social y un muestrario de la Sierra norte para contextualizar geográficamente y demostrar la dimensión económica de los caranquis.
Estas piezas arqueológicas forman parte de un museo provisional en Yachay. Foto: Cortesía YACHAI EP
Esta investigación fue realizada por EL COMERCIO DATA en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas. Un programa de International Center for Journalists ICFJ en alianza con CONNECTAS.
