El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres estará conformado por 16 entidades: Justicia, Educación, Salud, Seguridad, Trabajo, Inclusión Económica, Consejo para Igualdad de Género, INEC, ECU911, Judicatura, Fiscalía, defensorías y gobiernos autónomos.

En el texto de la ley se incluye la implementación de contenidos relacionados con el enfoque de género, el énfasis a los derechos de las mujeres, la deconstrucción de los discursos machistas en la malla curricular. Además, la prevención del acoso y abuso sexual, los embarazos adolescentes y la educación sexual.

En el cuerpo legal se garantiza el acceso libre y gratuito de la red de salud. Se establece que habrá confidencialidad en todas las situaciones y no discriminación. En caso de los menores de edad, la atención deberá ser integral sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de sus padres o representantes legales.

Los efectivos de la Policía Nacional deben acompañar a la víctima para solicitar la boleta de auxilio o la orden de restricción de acercamiento a la persona de parte del presunto agresor (medidas administrativas de protección). Serán otorgadas por los tenientes políticos (en parroquias), y por las juntas cantonales.

El Sistema de Alerta Temprana es un mecanismo que permite evitar el femicidio. El Registro Único de Violencia será el instrumento para identificar a las posibles víctimas de violencia. Este ente rector estará conformado por el Ministerio de Justicia, Educación, Salud, Trabajo, Inclusión Económica y por el ECU911.

La reparación a las víctimas podrá incluir, entre otras cosas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, las garantías de que no se repitan, la atención de salud y la investigación del caso. La persona afectada podrá ingresar en programas implementados por entidades públicas.

El Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se encargará de diseñar programas de formación, orientación, educación y atención a agresores y potenciales victimarios. Su objetivo: transformar los patrones y conductas machistas que generan la violencia. La atención será gratuita.

Con esta ley se crearán comités ciudadanos como un mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social. Entre sus labores estarán el diagnóstico para hacer reformas de leyes, planes, programas y proyectos que se ejecuten para tratar a las víctimas de violencia: intrafamiliar, educativa, laboral, deportiva, etc.