En marzo del 2020, Guayaquil se convirtió en el epicentro de la pandemia del covid-19, en Ecuador. El colapso del sistema de salud público no solo afectó a las personas que se contagiaron del letal virus. También agravó la situación de los jóvenes con problemas de adicciones. Los centros de rehabilitación públicos y municipales cerraron sus puertas durante meses. A nivel privado, los chicos abandonaron sus tratamientos, pues la crisis económica no les permitió costear las elevadas mensualidades. Todo esto generó que las clínicas clandestinas proliferaran en los sectores urbano-marginales de la ciudad. Un año después, la situación de cientos de jóvenes sigue igual, bajo una lucha constante por dejar las drogas.
Por Fernando Medina
EL COMERCIO
8 de junio del 2021
En la fila había unos 200 jóvenes con problemas generados por el consumo de drogas. Era 17 de marzo del 2020. La crisis por el covid-19 había estallado en el país y ese día todo amaneció cerrado por el estado de excepción que regía.
Jorge, un joven de 17 años, que vive en el Suburbio, estuvo allí y recuerda que todos llegaron a la clínica móvil de rehabilitación (en ese entonces era la única que funcionaba en Guayaquil), en busca de medicamentos para poder tratarse durante el confinamiento.
Sentado en el umbral de su casa y con las manos temblorosas, dice que aún lucha para salir de la adicción a la ‘hache’, una droga casera elaborada con una parte de heroína y otros componentes químicos.
La clínica cerró cinco meses. En ese tiempo, los especialistas intentaron seguir los tratamientos a través de reuniones en línea o chats de WhatsApp. De los 200, solo 70 continuaron en contacto. El resto cayó en el alcohol y otras drogas.
El servicio presencial del Municipio se debilitó. La opción para algunos fue recurrir al tratamiento privado.
Eso hizo Rodolfo, un chico de 21 años, que hace dos semanas cumplió siete meses sin consumir narcóticos y actualmente vive en una clínica de rehabilitación particular.
Llegó a ese lugar después de que tampoco encontrara espacio en uno de los centros estatales llamados Cetad (Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Drogas).
En Guayaquil existen tres de estos establecimientos y cada uno tiene una capacidad de 30 camas. Pero solo uno acoge a personas mayores de 18 años.
En los meses más álgidos de la pandemia, estos sitios también tuvieron inconvenientes para atender a los jóvenes.
Pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) sostiene que no hubo desatención. El psicólogo clínico de la Coordinación Zonal 8, Omar Garay, advierte que “si (los jóvenes) necesitaban una atención podían acudir a las emergencias de los centros de salud tipo C o a los hospitales”.
Indica que el 95% de las personas con problemas de consumo en Guayaquil supera sus adicciones en esos servicios, mientras que solo el 5% necesita internarse en los consultorios especializados estatales.
La Defensoría del Pueblo asegura que el Ministerio no cuenta con datos que corroboren cuántas personas con problemas de consumo fueron atendidas, de forma ambulatoria, durante la pandemia.
Advierte que “se vulneraron los derechos, se desbordó la problemática y hasta hoy se arrastran los problemas”.
El aforo en los Cetad se redujo. En el centro Los Libertadores hay 10 chicos y antes de que estallara la pandemia allí se podían rehabilitar hasta 30. Igual ocurre en otras dos infraestructuras.
“Se vulneraron los derechos, se desbordó la problemática y hasta
hoy se arrastran los problemas”
- Zaida Rovira, Defensora del Pueblo subrogante
Los servicios privados también tienen menos pacientes, pues los familiares dicen que ya no tienen dinero para costear la atención. En los primeros meses de la pandemia, la Asociación privada de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas (Acrapg), que agrupa a cerca de 30 clínicas, atendió en promedio a unos 600 usuarios.
Después, el número se redujo paulatinamente. No podían pagar la atención mensual que bordea entre USD 800 y USD 1 500 mensuales y se fueron.
Jenny Díaz, presidenta de Acrapg (Asociación de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas), cuenta que tras un año de la pandemia por el covid-19, sus asociados operan con menos del 40% de pacientes.
La falta de ingresos para mantener a médicos, psicólogos, terapistas o para pagar el agua, la luz y el teléfono ha generado que al menos seis centros cerraran sus puertas.
Cinco años le ha costado a Marco dejar de consumir drogas. Hoy tiene 23 años y vive en una ciudadela del norte de Guayaquil.
Cada día se levanta y viaja en bus por una hora hasta el sur de la ciudad. Allí está la clínica de rehabilitación privada que lo ayudó. Es una casa de tres pisos. Un guardia custodia la entrada. En el interior hay un salón con televisión y juegos de mesa. A un costado se divisa una piscina.
Allí, Marco cuenta que su familia lo internó cuando empezó a dormir en las calles. La cocaína, marihuana y la ‘hache’ lo desorientaba y no podía moverse. Pasaba acostado debajo de los puentes o en las esquinas de los mercados.
Al principio quisieron internarlo en una clínica del Estado, pero en Guayaquil apenas hay tres Cetad. Solo uno atiende a hombres mayores de edad.
“Nos dijeron que no había cupo y que solo tenían 30 camas. Así que debía esperar al menos seis meses para que se desocupe alguna. Por eso vine acá y me recibieron enseguida”, dice, mientras saluda con otros tres jóvenes que viven en este centro de ayuda.
Su dueño, quien reconoce que es otra persona recuperada, relata que lleva 12 años en funcionamiento. En su celular tiene fotos de decenas de chicos que han pasado por ahí. Dice que algunos son deportistas y otros empresarios.
Admite que no tiene permiso de funcionamiento. Pero que está por conseguirlo y que le falta una autorización de uso de suelo y el certificado de los bomberos. Sin esos documentos, la Acess (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada) no puede aprobar su licencia.
“Nosotros cobramos máximo USD 400. Con eso apenas cubrimos
servicios básicos, alimentación y parte de los sueldos del
personal”
- Jenny Díaz, presidenta de Acrapg (Asociación de Centros de
Recuperación de Adicciones del Guayas)
Esta entidad es la encargada de emitir las certificaciones para las clínicas privadas que se dedican a la rehabilitación de chicos en el país. El ente inició sus funciones en el 2017 e indica que el trámite para obtener las certificaciones dura, en promedio, 90 días.
La Asociación de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas (Acrapg), sostiene que al menos 26 establecimientos tienen sus trámites en marcha desde el 2018.
Desde ese año, la Acces ha entregado apenas cuatro licencias a servicios privados de Guayaquil. Pero la falta de permisos no ha afectado el funcionamiento de las opciones privadas.
Cada mes realiza inspecciones a las instalaciones que están en trámite. La entidad les exige que formen un programa terapéutico y un reglamento interno. Además, deben equipar los sitios con infraestructura y personal profesional especializado de psicólogos, médicos, terapeutas y farmacéuticos.
Para los dueños de las clínicas llegar a estos estándares cada día se vuelve más difícil, en especial durante el último año, pues aseguran que la pandemia ha reducido sus ingresos económicos debido a que por la crisis económica las familias han retirado a los chicos de los tratamientos.
Jenny Díaz es dueña de un centro de varones. Cuenta que para cumplir con todo el equipamiento que requiere la Acess necesitaría cobrar al menos USD 1 500 mensuales a los pacientes. “La gran mayoría de los chicos que tiene problemas de consumo vienen de familias pobres. Ellos no tienen esas cantidades. “Nosotros cobramos máximo USD 400. Con eso apenas cubrimos servicios básicos, alimentación y parte de los sueldos del personal”, dice.
Por eso, las clínicas privadas reconocen que operan sin permisos. Pero aclaran que no son centros clandestinos, pues están en proceso para obtener la licencia.
10 de los 26 dueños de los centros, que buscan legalizarse, coinciden en que la falta de recursos no les permite cumplir con los requerimientos.
La pequeña casa estaba ubicada al fondo de una calle de tierra. Las ventanas no tenían vidrios, pero sí unas rejas de metal. El techo estaba compuesto por láminas de aluminio y en el interior había cuatro habitaciones pequeñas. Allí vivían 60 chicos, entre 17 y 30 años. Todos tenían problemas de consumo de drogas y llegaron a ese sitio para supuestamente iniciar un proceso de rehabilitación.
Dormían en colchones sucios y malolientes. Unos cordeles, sostenidos con clavos, servían para colgar la ropa.
“Nos humillaban permanentemente. Nos dibujaban órganos sexuales
en las cabezas”
- Juan, víctima de una clínica clandestina
En la cocina no había refrigeradora. Las papas y los racimos de verdes estaban en el piso, junto a los tachos de basura. Era una clínica clandestina que atendía a los jóvenes.
El lugar fue clausurado a mediados del 2020, en plena pandemia. Hoy, este caso se investiga en la Fiscalía.
En los dos baños tampoco había jabón. Los chicos no usaban mascarillas. Personal del Ministerio de Salud comprobó que el 85% de ellos estaba afectado con el covid-19.
La clínica operaba en Bastión Popular, un barrio del noroeste de Guayaquil. En ese sector, en los últimos tres años se han detectado otros cuatro centros ilegales.
La Policía y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) dicen que las mafias que están detrás de estos negocios ilícitos buscan barrios populares para montar estos ‘servicios’.
Desde el 2018 hasta marzo del 2021, estas dos instituciones han clausurado en Guayaquil 103 de estos establecimientos (ver info). En esa ciudad hay cuatro clínicas privadas legales y tres estatales.
En los últimos años, los negocios clandestinos han proliferado principalmente en 23 sectores del Puerto Principal. Se encuentran, por ejemplo, en Los Guasmos, Durán, Flor de Bastión, Bastión Popular, El Fortín, Isla Trinitaria y Monte Sinaí.
Juan conoce lo que ocurre en esos sitios ilegales. En el 2020 vivió en dos de esas clínicas y en diciembre fue rescatado en Durán, junto con 40 chicos más. Recuerda que tenían apenas 15 camas y el resto dormía en el piso o en colchones rellenos de trapos.
Uno de esos lugares fue clausurado en marzo del año pasado, porque los supuestos terapistas golpeaban a los jóvenes y les daban solo un pan con café por día. “Nos humillaban permanentemente. Nos dibujaban órganos sexuales en las cabezas”, dice.
Esos detalles están judicializados en las oficinas fiscales.
La Policía tiene en sus archivos la detención de 12 personas en diferentes casos.
Tras las investigaciones se detectó que los implicados también tenían vínculos con redes de microtráfico. Parte de los supuestos tratamientos eran mantener a los chicos bajo efectos de fármacos para dormir o de tranquilizantes, para evitar que se escapen. Para la Acess esto es tortura.
La Defensoría del Pueblo y el Comité Permanente de DD.HH. advierten que la falta de servicios básicos y el poco control que ejerce la Policía en los barrios populares vuelven a estos sitios ideales para que los sospechosos estructuren sus negocios ilegales.
Tienen reportes que para abrir una clínica clandestina las bandas activan a cerca de 15 cómplices. Unos consiguen casas viejas o a medio construir. Otros recorren barrios y hablan con las familias de los chicos para convencerles de que los internen. Los cabecillas se encargan de los cobros ilegales, que oscilan entre USD 50 y 200 mensuales.
La Policía dice que las mafias forman verdaderas redes de amedrentamiento con los vecinos de los sectores, para evitar que los denuncien.
Eso ocurrió en Los Guasmos. Los agentes que monitorean esos sectores admiten que la gente está amenazada.
“Nosotros llegamos hasta las clínicas, las clausuramos y cuando intentamos indagar por los dueños, la gente no habla”, dice un agente. Un dirigente barrial confirma aquello, pero está atemorizado.
