Por: Daniel Meza

Para la familia de Francisco Lalupu (73 años), octubre significa el inicio de la temporada de la cosecha de maíz. Bajo el sol abrasador de la región más ecuatorial del Perú, empieza una larga cadena de producción de alimentos para aves de corral, el consumo humano, el comercio y la bebida preferida de nuestros antepasados, la chicha de jora.

Pero el año pasado fue distinto: miles de kilómetros al sur, en la capital, 104 congresistas votaron en contra del cultivo de una especie de maíz que el patriarca ha usado por años. Los representantes aseguraban “defender a los pequeños agricultores” y “proteger nuestra biodiversidad”.

El debate público lo dominó un grupo diverso y poderoso: políticos, gremios agrarios, activistas y chefs. Con su lema “Perú, país libre de transgénicos”, fortalecieron la postura parlamentaria de ampliar por 15 años más la Moratoria –o impedimento de cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM).

En las regiones de Bajo Piura y Sechura, los Lalupu y otras familias cultivan el maíz “pato”. A simple vista no hay nada especial en él, pero en el 2019 el Ministerio del Ambiente (MINAM) descubrió que expresaba la proteína Cry1A, perteneciente al maíz transgénico MON810, comercializado como YieldGard.

Reportes oficiales informaron que años atrás, aquel maíz comercial fue importado y sembrado, agradando a los agricultores por ser resistente a la temida plaga del gusano cogollero. Así, acabó cruzándose con dos variedades locales de maíz.

Todo ocurrió sin que los agricultores supieran que ya había OGM en sus cultivos.

¿Cómo llegaron los transgénicos a la zona?

Hasta la década de 1980, solo el maíz alazán se usaba en la costa norte peruana ...

“Ahora casi todo es maíz pato”, contó Francisco a Historias Sin Fronteras desde su casa en Monte Castillo, una villa rural en la zona.

Y tenía razón: aunque a los campesinos del lugar solo pueden usar semillas certificadas el MINAM recogió que en toda el área de Sechura y Bajo Piura prefieren ‘pato’ por ser “menos plagoso, menos costoso y más resistente a la falta de agua”.

¿Por qué, conocidos estos testimonios, el Congreso extendió la moratoria hasta el 2035? ¿A quién representó en esta decisión?

En Sudamérica, Brasil, Argentina y Colombia usan cultivos transgénicos y su economía agrícola depende en gran medida de ellos. En las antípodas está Perú, donde se prohíben en el campo.

La pelea inició el 2011. Entonces se conocía poco del impacto de los OGM, por ello el Congreso decidió una primera Ley de Moratoria (29811) de una década apelando al Protocolo de Cartagena para “evitar un daño irreparable a la biodiversidad nacional”, entre otras razones.

Aquella ley ordenó que el Estado debía: (a) fortalecer capacidades nacionales respecto a OGM, (b) crear infraestructura para su liberación y (c) generar líneas de base sobre biodiversidad en riesgo.

Pero “aún tenemos una gran brecha de conocimiento”, comentó a HSF el ex congresista Jaime Delgado, quien propuso la Primera Moratoria. También cree que “apostarle a transgénicos es arriesgar nuestro posicionamiento como exportador de orgánicos, más allá de que (los OGM) sean buenos o malos”. Similar postura tuvo el congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión Parlamentaria de Pueblos Indígenas. Por ello, promovió la nueva ley de Moratoria (31111) “en coordinación con pequeños agricultores a través de Conveagro y reconocidos chefs” y pidió también que “antes de pensar en transgénicos revaloricemos nuestros productos orgánicos”.

Por su parte Conveagro, un influyente grupo de gremios agrarios que cabildeó por la ley, nos respondió a través de su gerenta general Giovanna Vásquez. Consultada por razones científicas, admitió que “somos un gremio y solo podemos dar una postura política”.

Por la gastronomía, el empresario y chef Virgilio Martínez protagonizó una campaña viral en redes alertando entre líneas que “los OGM acabarán con nuestra biodiversidad” (ver Sabores del Mañana ), animando a miles a firmar una petición en Change.org a favor de la moratoria. La curiosa estrategia no habría sido posible sin el Consorcio Agroecológico, un grupo de organizaciones de alimentos orgánicos, que junto a publicistas ideó los spots.

HSF consultó a Cecilia Mandiola, representante del consorcio, por evidencias del daño. Sin responder al particular, Mandiola se remitió al logro comunicacional de la campaña. “Los peruanos se identifican con la biodiversidad, y gracias a los videos logramos muchas adhesiones”. Es verdad, el impacto en redes fue incuestionable, y también su falta de asidero técnico.

Diálogo sin consensos

Una muestra de lo que fue el diálogo nacional alrededor de los transgénicos entre el 2011 y 2021 estuvo en la Comisión Multisectorial de Asesoramiento (CMA)...

“(La Moratoria) fue decepcionante, frustrante”, manifestó el microbiólogo Jorge Alcántara, director de regulación en el Instituto de Innovación Agraria (INIA).

Para él, no se trata de estar a favor o en contra, sino de una postura técnica. El Congreso no oyó las recomendaciones del INIA ni de la Comisión Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, y “se amparó en subjetividades”.

A Alcántara le llamó la atención la campaña de los chefs anti-transgénicos. “Como biotecnólogo, yo no voy a decirles a ellos cómo hacer un arroz con pato”, ironizó.

Para la bioquímica Rosa Angélica Sánchez, docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina, y ex directora de Genética y Biotecnología en el INIA, el problema es el desconocimiento. “En países megadiversos como Brasil o Filipinas que cultivan transgénicos, estos no son la principal causa de pérdida de biodiversidad”.

Efectivamente. Recientes estudios revelaron que tal pérdida en los tres países se debió al uso desmedido del suelo y los recursos, al cambio climático antropogénico, y la expansión de la actividad agrícola , no a los transgénicos. Asimismo, estudios de seguimiento por más de 15 años a los OGM tampoco hallaron daños a la biodiversidad.

“Cualquier contaminación, sea OGM o tradicional, con un debido manejo, se puede controlar”, añadió Sánchez. Para ella la transgénesis podría más bien ayudar a conservar la biodiversidad en zonas altoandinas donde las papas nativas desaparecen por plagas.

Sobre combatir pestes sabe mucho el belga Marc Ghislain, biotecnólogo celular, quien por años trabajó creando papas transgénicas resistentes al tizón tardío en el Centro Internacional de la Papa (CIP) en Lima. Hoy, desde su casa en Nairobi (Kenia), Marc define la segunda moratoria como “ridícula”.

“Se prohíbe algo que beneficia a agricultores y medio ambiente”, lamentó.

Impedido de trabajar en la primera moratoria, Marc se mudó a África, donde con su equipo del CIP coopera con gobiernos. “Los políticos peruanos evitan el tema porque es inconveniente”, nos aseguró.

El biólogo Alberto Tenorio, quien por un lapso fue parte de una Comisión de asesoría al Estado en materia OGM reconoció lo difícil que fue trabajar: “siempre venían con lo de daños a la biodiversidad”. Además, estudiantes de OGM están prefiriendo migrar a campos donde haya menos prejuicio.

¿Se sacrificó una herramienta biotecnológica por el bien de los pequeños agricultores?

En Monte Castillo, donde viven los Lalupu, los problemas son suficientes como para prestar atención al Parlamento. El Estado, en aquellas tierras, brilla por su ausencia.

Pese a su inquebrantable posición anti-OGM, Conveagro reconoció que no es la voz de todo el campesinado nacional. “Te puedo hablar solo por los gremios que representamos”, admitió Vásquez.

La presencia de transgénicos en tierra de los Lalupu se refleja en los valles rurales de Sechura y el Bajo Piura, donde hay más olvido que Estado. En diálogo con HSF, Francisco reclamó que a ellos solo los buscan para exigir el pago de créditos, pero no reciben capacitación en materia agrícola.

Los campesinos “recurren al maíz transgénico porque no hay mejor opción”, comentó a HSF un ingeniero agrónomo que trabajó en el gobierno regional el 2019, reconociendo que “para decenas de miles de predios, hay solo uno o dos ingenieros”.

¿Hay opción más allá del blanco y negro para un país tan grande? Los sesgos son muchos, y el tema complejo, por lo que más diálogo y evidencia son necesarios.

Ante la ferviente postura que dice que los OGM generan dependencia de las grandes corporaciones, Ghislain discrepó. “En Perú y en África buscamos liberar variedades de dominio público”.

“Hay cientos de organismos nacionales y universidades que desarrollan transgénicos sin patentes”, agregó Sánchez.

Para los expertos consultados, lo ideal hubiese sido permitir transgénicos para ciertos cultivos, y no solo prohibirlos. Una tercera vía, también consideraron, ayudaría a la soberanía alimentaria. Sin biotecnología nuestras semillas no compiten contra las importadas.

Al decidir por la Moratoria, ¿los Congresistas representan a los agricultores? ¿escuchan a nuestros científicos? Una respuesta sería un primer paso para mejorar la forma en que tomamos decisiones. Es esto, o seguir dejando al país sin herramientas genéticas que, bien usadas, podrían ser parte importante de la solución.