06 abril 2014.

Nuevamente, un presidente colombiano hace una apuesta por la paz. Y a diferencia de lo que sucedió en procesos fallidos anteriores (Belisario Betancur y la Unión Patriótica; o Andrés Pastrana y los diálogos del Caguán), con esta bandera, Juan Manuel Santos busca la reelección.

En medio de esa expectativa está todo un país que transitó por el período difícil de la guerra. Desde la que desataron los grandes carteles del narcotráfico en los ochenta y noventa, hasta la violencia guerrillera de las FARC y el ELN a finales del siglo XX e inicios del actual.

¿Está preparada la sociedad colombiana para una paz duradera? La pregunta dista de ser simple, y su respuesta se divide en dos razonamientos que prevalecen entre los colombianos.

Unos son los más jóvenes, algo distantes de tantas décadas de sufrimiento, y otros los que todavía recuerdan los traumas que dejó la guerra entre el Cartel de Cali y el de Medellín en contra del entonces débil Estado colombiano. O el drama de los cientos de miembros de la fuerza pública y políticos torturados en cautiverio por las FARC, así como el terror que sembraron los paramilitares.

Los colombianos consideran que la paz vale la pena. Sin embargo, buena parte de ellos no está dispuesto a ceder en dos condiciones: la participación política de la guerrilla, que enviaría una señal de debilidad de un Estado que pasó a la ofensiva desde 2000. Y el no castigo para los guerrilleros que cometieron violaciones graves a los DD.HH. Estos se identifican con el discurso del expresidente Álvaro Uribe, y su apoyo explica el resultado del partido, Centro Democrático, en las últimas elecciones a Senado, en las que obtuvo algo menos del 20% de los escaños.

Paralelamente, aparece otro grupo que tiene una mayor disposición para la paz, no sin reparar en exigencias a la guerrilla, especialmente sobre el abandono total de las armas y la renuncia definitiva a la idea de “la combinación de todas las formas de lucha” que tanto descrédito le significó.

Esta porción de colombianos no olvida tampoco que el Estado ha sido copartícipe de toda esta violencia en, al menos, tres aspectos. Primero, porque mantiene un modelo económico basado en la exclusión. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina con un coeficiente de Gini cercano a 0,53.

Segundo, porque el Estado ha permitido la concentración de la tierra, lo cual favoreció el discurso campesino de las FARC.

Finalmente, porque su principal pasivo es no haber impulsado el fortalecimiento de una verdadera izquierda democrática: el genocidio contra la Unión Patriótica, movimiento surgido de negociaciones entre el gobierno de Betancur y las FARC. Por eso, hay sectores que ven con preocupación la reciente destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, exmilitante del M-19, si se la interpreta como una retaliación a su pasado como guerrillero.

Colombia enfrenta pues un momento inédito en su historia reciente. Fue, en un inicio, ‘modelo de democracia’ junto a países como Costa Rica y Venezuela, que no sucumbieron a la tentación autoritaria que marcó la vida de buena parte del continente. Pero luego se convirtió en un caso dramático de violencia. Mientras sus vecinos emprendían la transición hacia la democracia desde finales de los setenta, Colombia seguía atrapada en la lógica arbitraria y terrorista del narcotráfico y los grupos armados.

Por eso habrá quienes en Colombia vean con apatía este nuevo proceso de paz, aun sabiendo que la negociación y posterior desmovilización de la guerrilla son ineluctables.

Después de los ocho años del mandato de Uribe, a los colombianos les quedó clara la imposibilidad de derrotar militarmente a las FARC. Además, es evidente que la sociedad no está dispuesta a trasgredir los límites de la democracia y del Estado de derecho para vencerla. Pensar en un modelo al estilo Fujimori en Colombia resulta imposible.

El escándalo de las interceptaciones ilegales a funcionarios de la rama judicial y a miembros del Congreso, así como las ejecuciones extrajudiciales, provocaron una ola de indignación y un rechazo.

Nuestra sociedad no ha conocido un período de paz prolongado, y esto ha derivado en una extraña paradoja. El agotamiento provocado por más de 50 años de guerra no se ha traducido necesariamente en una voluntad de paz sin condiciones. Es difícil encontrar colombianos que estén dispuestos a aceptar la desmovilización sin ninguna exigencia. También, que haya un sector representativo que se oponga totalmente a la paz.

A la larga, los dos grandes sectores del proceso, disidentes y defensores, coinciden en la necesidad de construirla. Esto refleja a una Colombia que no está polarizada del todo, y que esta negociación cuenta con una inercia que la hace viable en el corto y mediano plazos.

* Profesor del Centro de Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

*Mauricio Jaramillo Jassir
Génova, Italia